Garitano sostiene que no tiene que obedecer los informes jurídicos contrarios a su decreto

Donostia. El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, negó ayer que tenga que hacer caso a los informes jurídicos que dictaminaron que no era "posible" revocar el decreto foral que impedía la segración de Igeldo. "No somos rehenes de los asesores", recalcó en las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde compareció, al igual que el vicepresidente de la comisión jurídica de la Diputación, Juan Ramón Ciprián, quien explicó que solo se pueden revocar los decretos que resultan desfavorables para dos partes -en este caso serían Itxas Aurre y Donostia- una situación que, según explicó, no se ha dado en el caso de Igeldo.

Garitano, por su parte, defendió "no refugiarse en legajos" y fue blanco de las críticas de la oposición, cuyos representantes consideraron que la segregación de Igeldo se ha hecho según criterios políticos, por lo que le acusaron de haber tomado la decisión a sabiendas del informe contrario emitido por la comisión jurídica asesora.

Preguntado por la portavoz del grupo socialista, Rafaela Romero, Garitano aseguró que la polémica de Igeldo "no es deseable" y aseguró que "algunos disfrutan" con la situación "kafkiana" que se ha originado.

Para el diputado general, Igeldo es un municipio porque "cumple todos los requisitos que se le exigen por ley" y los igeldotarras tienen la "voluntad de que así sea, ese es su derecho" y esta es la "clave del asunto".

"Lo demás -remarcó Garitano- es poner obstáculos, aplicar la negación, destruir lo construido y menospreciar la democracia" en un interés de crear "debates falsos" impulsados por intereses políticos y electorales. En este sentido pidió que se respete "el interés" de los vecinos de Igeldo y que no se judicialice el asunto.

viabilidad El diputado incidió en que la desanexión cumple con los requisitos de viabilidad económica y de interés público permanente y reclamó a la oposición que explique por qué está en contra de "la opinión de los vecinos de Igeldo" y revele "qué intereses políticos ocultan".

La portavoz socialista, por su parte, advirtió a Garitano que "camina peligrosamente" porque aprobó el decreto del pasado mes de diciembre "a sabiendas de que es injusto porque una revocación no puede tomarse por razones políticas".

Romero aseguró, sin embargo, que "entiende que se haya querido marcar un tanto político como izquierda abertzale" al igual que en el caso de la incineradora de Zubieta.

El juntero del PNV, Xabier Ezeizabarrena, por su parte, manifestó que la segregación es una decisión "política", que va en contra de la cámara regional y en contra del Ayuntamiento donostiarra al tiempo. "No damos por bueno ese decreto y dudo que ningún juez vaya a darlo", señaló el representante jeltzale. Asimismo, criticó la "irresponsabilidad" del diputado general al aprobar un decreto a pesar de que conociera el informe de la comisión asesora y por dar "carta de legalidad a algo que no se sostiene".

El juntero del PP Juan Carlos Cano consideró que la Diputación de Gipuzkoa ha "retorcido" el derecho y utiliza la consulta de Igeldo como "punta de lanza de su modelo de gobierno que se asimila al bolivariano o al norcoreano" en el que "utiliza a San Sebastián como banco de pruebas".