donostia. El Ayuntamiento de Donostia recurrirá el decreto foral que dicta la segregación de Igeldo. Como estaba previsto, los 19 votos de los concejales de PSE-EE, PP y PNV dieron luz verde ayer a emprender la vía judicial en una sesión plenaria que volvió a reflejar el enfrentamiento entre el Gobierno municipal y la oposición. En el "teatro" de ayer, como lo calificaron unos y otros con distintas connotaciones, participaron desde el público también vecinos de Igeldo favorables a la desanexión. Reclamaron la palabra y, tras serles negada y una vez aprobado el recurso a los tribunales, abandonaron la sala coreando Igeldo herria aurrera! sobre varias voces que llamaron "fascistas" y "caraduras" a los concejales donostiarras.

El alcalde, Juan Karlos Izagirre, por ser parte interesada, no participó en el Pleno (sí respondió después a preguntas de los medios, requerido por estos), y la presidencia recayó en el teniente de alcalde, Josu Ruiz. Aunque no físicamente, Izagirre sí estuvo presente en boca de los portavoces de todos los grupos. La oposición le acusó reiteradamente de esconderse en este tema y el socialista Ernesto Gasco y el popular Ramón Gómez volvieron a pedir su dimisión. Ambos emplazaron al PNV, por enésima vez esta legislatura, a que sume sus votos a los suyos para desbancar a Bildu de la alcaldía en una moción de censura.

El Gobierno municipal achacó la actitud de los tres grupos a un intento de "desgastar" al alcalde y también se dirigió especialmente a los jeltzales, aunque para pedir que no se uniera "al frente contra el derecho a decidir". "Con el PNV se puede llegar muy lejos por el camino de la negociación. Pero habéis escogido otro camino y por ese no iremos ni a la vuelta de la esquina", respondió el portavoz Eneko Goia.

argumentos Al igual que el jeltzale, PSE-EE y PP argumentaron que el decreto de la Diputación es "ilegal" e insistieron en que por eso y para defender el interés de los donostiarras es necesario el recurso, que, en su opinión, tiene muchas posibilidades de prosperar. Insistieron, asimismo, en que la decisión fue unilateral y en que obvió al Pleno donostiarra. Criticaron, además, que el principal argumento de la Diputación fuera la consulta convocada en Igeldo, después de afirmar que no era un proceso vinculante, por lo que dijeron sentirse "engañados" y consideraron que el Ente foral había hecho "trampa".

El concejal de Participación Ciudadana, Axier Jaka, por su parte, acusó a la oposición de no haber querido participar en el proceso emprendido por la Diputación y de no respetar ahora la voluntad expresada por los vecinos de Igeldo. Añadió que respetar esa decisión no está contrapuesto con defender Donostia y que la desanexión no perjudicará a los donostiarras.

público Las intervenciones de unos y de otros mientras transcurría el Pleno suscitaron comentarios a favor y en contra por parte del ayer numeroso público. Además de medio centenar de vecinos de Igeldo favorables a la segregación, que portaban pancartas pidiendo que se respete su decisión, varias decenas de ciudadanos llenaron las sillas y parte de los pasillos del salón de Plenos. Entre ellos, estaban también el exalcalde Odón Elorza y el parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro.

Ante los comentarios, silbidos (a la oposición), aplausos (a Bildu) e interpelaciones de los asistentes, el presidente del Pleno pidió silencio y respeto al público en repetidas ocasiones y advirtió de que de seguir interrumpiendo el debate tendría que ordenar el desalojo, aunque no llegó a hacerlo ya que los igeldotarras decidieron dejar la sala tras negárseles la palabra. Pidieron intervenir antes de que se votara emprender el recurso, con intención de leer una declaración que previamente entregaron a todos los grupos. El reglamento no lo contempla, aunque el Gobierno municipal planteó que si todos estaban de acuerdo podría hacerse una excepción. El PNV no se opuso, aunque PSE-EE y PP apelaron al reglamento y ante la falta de acuerdo Ruiz les negó la palabra. "Estáis hablando por nosotros, ¿cómo se entiende eso? Queremos participar y lo hemos pedido por escrito", alegaron los igeldotarras antes de abandonar la sala.

decreto El debate continuó sin más interrupciones con la comparecencia del concejal de Participación Ciudadana, que afirmó que el Gobierno municipal ejecutará el recurso aprobado por el Pleno aunque no lo comparta. Además, Jaka declaró que Bildu trabajará ahora para "gestionar con responsabilidad la nueva situación" y defender los intereses de los donostiarras a la hora de negociar qué servicios ofrece el Ayuntamiento a Igeldo y qué compensaciones recibirá por ello. Por eso, anunció que ya han solicitado una reunión con la Diputación para tratar los temas más urgentes.

Precisamente, esa fue otra de las cuestiones que enfrentó ayer al Gobierno y a la oposición, que insistió en que con las condiciones establecidas en el decreto aprobado por la Diputación la semana pasada la ciudad y los donostiarras salen perjudicados.

Ernesto Gasco calculó que entre el autobús, "el más deficitario", la deuda de las VPO y otros servicios el Ayuntamiento pierde casi tres millones de euros, a los que habría que añadir el millón de euros de deuda municipal que correspondería a Igeldo, así como la propiedad de edificios públicos como la escuela. Ramón Gómez criticó que el decreto establezca que Igeldo recaude pero sea Donostia quien siga ofreciendo los servicios en este periodo de transición y Goia afirmó que las condiciones fijadas por la Diputación son "una falta de respeto".

El Pleno monográfico de ayer aprobó, además de recurrir a los tribunales para impugnar la desanexión, crear una comisión para "analizar y estudiar las diversas opciones para la descentralización administrativa del barrio de Igeldo". La propuesta partió del PSE-EE y contó también con los votos a favor del conjunto de la oposición y la postura contraria de los concejales de Bildu.