La consulta sobre la desanexión de Igeldo se enreda en los juzgados

Donostia. La Abogacía del Estado ha desistido del recurso que había presentado ante un juzgado donostiarra contra la consulta sobre la desanexión del barrio de Igeldo, promovida por la Diputación de Gipuzkoa, y lo ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), según informó ayer la institución foral.

La Abogacía del Estado adoptó esta decisión después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Donostia planteara de oficio una cuestión para ver si el asunto era de su competencia o si, por el contrario, esta pudiera corresponder al TSJPV.

El juzgado trataba de determinar si, al promover la consulta en Igeldo, la Diputación de Gipuzkoa había actuado ejerciendo competencias de una institución provincial o las de una foral, ya que en el primer supuesto el asunto correspondería al propio juzgado, mientras que en el segundo sería del TSJPV.

El juzgado donostiarra debía resolver esta cuestión de forma previa a -si finalmente le correspondiera a él el caso- pronunciarse sobre la supresión cautelar demandada por la Abogacía del Estado.

Según informó la Diputación, el juzgado solicitó ayer la opinión de las partes sobre la cuestión de competencias, ante la que la institución foral pronunció por la mañana. Sin embargo, siempre según la versión de la Diputación, la Abogacía del Estado decidió desistir del recurso interpuesto en Donostia para trasladarlo directamente al TSJPV.

En un comunicado, la Diputación aclaró que el Tribunal Superior ya le ha demandado una copia del expediente de Igeldo, por lo que "ahora está en manos de esa instancia judicial decidir acerca de la legalidad de la consulta".

La institución foral lamentó en su nota que, "de una manera u otra", el abogado del Estado "siga empeñado en prohibir que los igeldotarras den su opinión sobre la desanexión", un hecho que considera "inadmisible". La Diputación reitera que esta consulta "es totalmente legal" porque "esta amparada por la Norma Foral 1/2010 de Participación Ciudadana del 8 julio", que es "no vinculante" y que este tipo de actos "se han hecho y se siguen haciendo con total normalidad, tanto en España como en Euskal Herria".

También se pronunciaron sobre este asunto todos los grupos de la oposición en Donostia. Así, el portavoz del PP Ramón Gómez Ugalde, exigió al juez que suspenda cautelarmente la consulta mientras no adopte una decisión sobre el fondo del caso, al tiempo que ha reclamado mayor "agilidad" a la Justicia para "aclarar las cosas". El concejal del PSE-EE, Ernesto Gasco, afirmó que "los extremos son malos", tanto por el "salto a la torera" que ha hecho Bildu con el procedimiento administrativo de la consulta, como por la postura de la Abogacía, de quien cree Gasco que podría haber manifestado sus dudas "hace mucho tiempo". El edil del PNV Eneko Goia calificó finalmente la intervención de la Abogacía del Estado en este asunto de "desproporcionada" y generadora de "crispación".