El Estado irrumpe en la polémica sobre la consulta "no vinculante" de Bildu en Igeldo

Donostia. La polémica sobre la consulta popular en relación a la desanexión de Igeldo resurgió ayer con la irrupción de la Subdelegación del Gobierno de Gipuzkoa, que hizo público, a través del grupo municipal del PP, un informe en el que advierte a la Diputación Foral de Gipuzkoa de que para llevar adelante una consulta popular deberá contar con la autorización del Gobierno español. Una advertencia, cuya respuesta no se hizo esperar por parte de la institución foral liderada por Bildu, que aseguró que "no necesita ni tutelas ni permisos del Gobierno español para realizar consultas no vinculantes".

Lo cierto es que el informe de la Subdelegación del Gobierno sirvió ayer para aclarar la validez jurídica de la consulta ciudadana que pretende celebrar a finales de noviembre la Diputación, con el fin de, insistió ayer en su comunicado, "conocer la opinión de la ciudadanía guipuzcoana antes de tomar decisiones", en este caso, la decisión de los vecinos de Igeldo sobre su posible desanexión de Donostia.

El Ejecutivo de Bildu dejó ayer claro que la consulta no será vinculante, por lo que rechazó el informe de la Subdelegación del Estado y subrayó que no está dispuesto a admitir "ni injerencias ni abusos de poder de ninguna institución española".

A continuación, pidió al Gobierno español "respeto" a la ciudadanía guipuzcoana y al Gobierno foral, y aseguró que seguirá adelante con el proceso de participación ciudadana "tal y como estaba previsto".

UN SEGUNDO INFORME Al margen de si la consulta es vinculante o no, los representantes del Gobierno foral aseguraron en su día que es la Diputación la que tiene "la última palabra" a la hora de decidir sobre la desanexión del barrio de Igeldo. Una afirmación que causó el malestar de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Donostia, que reclamaron que se tenga en cuenta al Pleno para cualquier decisión que afecte al término municipal de Donostia.

El de ayer parece que fue día de informes, ya que también trascendió públicamente que los grupos municipales han conocido un documento del secretario municipal que atribuye al Pleno la potestad final para aprobar la desanexión y recomienda que la consulta sea acordada con el Ayuntamiento "y realizada de forma coordinada".

Además, el secretario establece una serie de objeciones al proceso que inició la asociación vecina Itxas Aurre. Esta agrupación solicitó a la Diputación que "diera seguimiento" al expediente de desanexión de Igeldo que se inició en 1995 y que fue definitivamente desestimado por la institución foral en 2010.

El secretario municipal alerta de que este expediente está cerrado y que para que comenzase uno nuevo la Diputación debería derogar la orden por la que lo cerró en 2010.

Esta revocación se enfrenta a "serias dificultades legales", según el secretario, ya que solo podría justificarse si se produce "alguna infracción del ordenamiento jurídico" o una situación de "ilegalidad sobrevenida" que no se da, ya que el ordenamiento legal que afecta a esta materia no se ha modificado. Además, alerta de que si se inicia un nuevo expediente, debería cumplir la norma foral 2/03, "cuya exigencia de un mínimo de población de 2.500 habitantes no es cumplimentada por el territorio que se pretende segregar".