Donostia. El Gobierno de Bildu en Donostia reiteró ayer que el Ayuntamiento está "cumpliendo todos los convenios" que tiene contraídos con respecto a "determinados ámbitos" de Eskuzaitzeta. Bildu ya dio a conocer en el último Pleno Ordinario que no había incumplido ninguno de los compromisos adquiridos.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ricardo Burutaran, explicó que como consecuencia de un convenio suscrito con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), el Ayuntamiento le remitió una "factura al cobro de 3,6 millones de euros, en concepto de contribución a las cargas de urbanización de Eskuzaitzeta".
En este sentido, Burutaran aseguró que el citado convenio contemplaba que en el momento en el que se iniciaran las obras de urbanización, el Consistorio "estaba facultado" para pasar una factura para su cobro. "Es precisamente lo que se ha hecho la pasada semana, no hay nada nuevo", explicó Burutaran, al tiempo que indicó, en alusión a la oposición, "que quizá alguno deba salir a explicar por qué necesita salir diciendo que está habiendo incumplimientos cuando no los ha habido".
Asimismo, añadió que "no ha habido intermediación" de ninguna otra formación de la Corporación para hacer cumplir a Bildu los acuerdos tomados en el pasado. "No ha habido intermediación de nadie", insistió.
De esta manera, Burutaran explicó que las obras de urbanización llevan tiempo desarrollándose y que "no ha habido ninguna paralización". A su vez, expuso que el siguiente punto que habría que abordar sería el del proyecto de reparcelación.
Por su parte, el concejal socialista Ernesto Gasco hizo referencia también a que Instituciones Penitenciarias ha sacado a concurso las obras de edificación de la prisión. Para Gasco esto supone "la dignificación del entorno de Loiola-Martutene-Txomin, donde se construirán cerca de 1.500 VPO y se regenerará el parque fluvial del Urumea".
Lo único que lamentó es que "Bildu vaya en este asunto a regañadientes". Además, Gasco comentó que es la oposición quien "tira del carro".
El portavoz popular, Ramón Gómez, también opinó sobre este asunto. A su juicio, el alcalde, Juan Karlos Izagirre, "no se ha atrevido hasta ahora a decir algo más claro" sobre el asunto. "Lo que tiene es miedo de reconocer ciertas cosas ante quienes le han puesto ahí, o quienes le mandan", sentenció Gómez.
El portavoz del PNV, Eneko Goia, realizó una valoración sobre el asunto de la cácel. Goia se alegró de que "el papel de marcaje al Gobierno municipal ha dado resultado orientando las decisiones en la dirección adecuada".