Donostia. La concejala del PNV de Donostia, Aitziber San Román, rechazó ayer retractarse de las afirmaciones que pronunció en la última sesión de la Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación, donde se analizó el mantenimiento irregular del servicio de limpieza de edificios municipales en manos de las empresas FCC y Galant, a pesar de que los contratos habían expirado nueve años antes.
En su discurso final, la corporativa jeltzale, presidenta de la comisión, respondió a las críticas vertidas por la concejala de Aralar, Ainhoa Beola, miembro del gobierno municipal PSE-Aralar-Alternatiba. San Román le acusó de conocer "la situación de irregularidad" y de encubrirla. "Aralar tiene la obligación de aportar todos los datos de los que disponga, está obligado a denunciarlo por responsabilidad", manifestó. Tras estas afirmaciones, tanto Beola como Aralar anunciaron que presentarían una querella por injurias y calumnias contra San Román si ésta no se retractaba.
La jeltzale acudió al acto de conciliación de ayer arropada por compañeros de su partido y allegados, algunos con pegatinas alusivas a la libertad de expresión en la solapa, y recibió también el apoyo de la concejala donostiarra de Hamaikabat, Jaione Arratibel, así como del edil del PP, José Luis Arrúe, que se presentaron en el juzgado para apoyar "la libertad de expresión y la crítica política".
Por su parte, Ainhoa Beola asistió con un compañero de la coalición municipal Aralar-Alternatiba y la procuradora encargada del caso.
libertad de expresión Tras este acto, que se saldó sin acuerdo, la edil de Aralar consideró que "el quehacer político y la libertad de expresión no hay que mezclarla con falsear la realidad. Cuando se actúa así o se presentan pruebas que acrediten lo dicho o hay que pasar por los tribunales", señaló Beola, que anunció que estudiaba la presentación de una querella, tal y como estaba previsto en caso de que la jeltzale no retirase sus afirmaciones. Para Beola, "las declaraciones hechas por San Román superan los límites que establece la libertad de expresión. Por eso se decidió llamar a un acto de conciliación, pero no cede. El PNV está acostumbrado a actuar así pero ha llegado la hora de establecer también límites en la actividad política".
Asimismo, la concejala de Aralar consideró "inadmisible" que el partido de San Román "haya convocado por Facebook y otros medios a ir al juzgado", lo que consideró un intento de "politizar" los tribunales por parte de la formación jeltzale.
Por su parte, tras el acto jurídico, San Román manifestó que en la comisión dijo "lo que pensaba" y recalcó que las preguntas de Beola "evidenciaban que sabía lo que estaba pasando" y que, a su juicio, "estaba buscando un sitio en el futuro gobierno". Asimismo, consideró que las insinuaciones de que la oposición también conocía las irregularidades trataban de "desviar la atención de algo gravísimo, como es el pago de 32 millones sin contratos en vigor".
La representación legal de San Román manifestó ante el juez que las manifestaciones de la edil nacionalista "deben encuadrarse en el ámbito de la crítica política y, por lo tanto, afecta a principios constitucionales, tales como el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, máxime teniendo en cuenta el contexto en el que se producen en una sesión de la Comisión de Control y Seguimiento de la Contratación".
