- El abogado y asesor de la Oficina Nacional de Caza (ONC), Santiago Ballesteros, es una de las voces que alertan desde hace años sobre la “cada vez más evidente intención de restringir la actividad cinegética y a quienes la practican”. La fórmula utilizada, según sus palabras, no pasa por su prohibición, sino por una “regulación tan opresiva que logre estrangularla”.

Una situación que viene de lejos pero que se ha acentuado y acelerado, vía ordenamiento jurídico, “desde que Unidas Podemos está en el Ejecutivo central”, señala. “Ya sea por iniciativa de Sánchez o de la formación morada, cada vez se estrecha más el cerco mediante la reglamentación”.

Tal y como explica, la postura adoptada por el Gobierno no se basa en una confrontación directa. “¿Cómo me cargo una cosa? No tengo por qué prohibirla expresamente, basta con hacerla tan complicada, llenarla con tantas pegas y restricciones, donde todo sea delito o infracción, para terminar por demolerla”, denuncia.

Para Ballesteros, el actual Gobierno de España ha logrado “noquear” la caza a través de todo lo que tiene relación con el bienestar animal, “que se ha convertido en un nuevo título de intervención, en la nueva coartada o excusa con la que poner contra las cuerdas a todo un colectivo”. De este modo, no se impide la práctica de la caza, pero se lleva la regulación “hasta el límite”.

La intención final de Unidas Podemos es, a su juicio, modificar el Código Penal y, paralelamente, reformar los delitos contra la fauna “en el sentido de que, en la práctica, cualquier conducta que tenga relación con los animales se considere delito y con penas superiores a los dos años. Esto implicaría el ingreso en prisión sin pasar por la casilla de la suspensión de la pena”, advierte.

Después de todo, se trata de equiparar las lesiones de los animales a las que pueda sufrir una persona, “lo cual me parece una aberración”, defiende. “No son bienes jurídicos comparables. Por mucho que amemos a los animales, ¿cómo va a ser lo mismo la integridad física de un pájaro que la de un ser humano? Es algo disparatado”.

Además, a día de hoy el grado de protección de los animales en el ordenamiento actual es “altísimo, con multas muy elevadas”, asegura el letrado. “Ya existe un delito de maltrato animal que se modificó en 2015. Pero en una década se ha pasado de 0 a 100 y no hay que olvidar que el Código Penal está para las conductas más graves”.

“Son falsos esos mantras que repite el director general de Derechos de los Animales de la existencia de una impunidad o de un clamor social a este respecto, cuando en realidad son cuatro fundamentalistas que asimilan el tema del animalismo como un dogma”, mantiene.

Para alcanzar esta situación ha sido necesaria una combinación de “talibanismo animalista y de un ánimo claro de ahorcar a todo lo que tiene que ver, no solo con la caza, sino también con lo rural. De domeñar a parte de la sociedad con leyes a medida y someter a un estado de terror a cualquier persona que tenga animales de trabajo”. Para un pastor, cita como ejemplo, tener un perro se puede convertir “en un peligro potencial”.

La ONC y las federaciones autonómicas llevan años de labor para contrarrestar esta tendencia. “Algunos hemos estado como San Simón, predicando en el desierto. Y ahora, de repente, otros se han caído del caballo como San Pablo camino de Damasco y se han dado cuenta de la situación, que no es reciente”, comenta.

Respecto al futuro, Ballesteros no vislumbra una perspectiva muy halagüeña “si nadie es capaz de embridar esta ansia de confinar la actividad cinegética a través de un ordenamiento jurídico cada vez más restrictivo”. A todo esto, “hay que sumar la prohibición del uso del plomo, de la caza del lobo, de la caza deportiva en los parques nacionales y un sinfín de etcéteras”, enumera.

Ante estos hechos, la ONC seguirá presionando a los partidos políticos a nivel estatal mientras publica artículos y trabajos relacionados con esta cuestión. En definitiva, “trataremos de poner algo de cordura”.