Bilbao - El juicio de la operación Estrobo quedó ayer visto para sentencia. Tras las cinco sesiones celebradas durante esta semana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao en las que se han oído los testimonios, las acusaciones no pudieron demostrar con claridad que los remeros hayan tomado sustancias dopantes y que estas sean perjudiciales para la salud en este hecho concreto, por lo tanto tendrá que ser la jueza la que decida con base en los indicios expuestos en el caso, si estos son suficientes para condenar a los encausados. Asimismo, las acusaciones redujeron la petición de pena a Borja Garay a doce meses y a Teresa Mesa, a seis, mientras quedaron absueltos el exciclista Antonio Arenas, la esposa del entonces entrenador del club de Bermeo, Sonia Boubeta, y las farmacéuticas Teresa Romano y Ángela Angoitia, que ponen fin así a un proceso con el que han tenido que convivir durante los últimos cinco años.

El exentrenador de Urdaibai, José Manuel Francisco, el médico Marcos Maynar, el entonces presidente, Josu Zabalondo, y la que fue ATS del club Arantza Ormaza siguen enfrentándose a una posible pena de dos años y seis meses de cárcel. Ayer, los letrados realizaron sus conclusiones y expusieron su informe final. La representante de la Fiscalía fue la primera en realizar el suyo y apeló al “sentido común”, centrándose en la no colaboración del club de Bermeo. “Si no se estaba haciendo nada reprochable, ¿por qué desde el club no se quiso decir nada? ¿Por qué el presidente recibe paquetes y no da razón de nada? Hay una ignorancia deliberada”, comentó. Además, recalcó que poner en riesgo una vida es los “suficientemente grave”, en este caso la de Andrei Banica, testigo protegido cuyo nombre salió públicamente en más de una ocasión durante la vista oral. La acusación particular, que encabeza José Luis Korta, destacó la cantidad de productos dopantes que supuestamente tenían en sus manos los implicados: “No solo hay que tener en cuenta las sustancias, también la variedad y la cantidad. No cuadra tener ese arsenal sin una autorización de uso terapéutico”.

Tras la exposición de los informes de las acusaciones fue el turno de los abogados de la defensa, que se inició con un informe realizado con mucha claridad por Ainara Lamikiz, letrada de Ormaza, que luego serviría como hoja de ruta para el resto de sus compañeros. La letrada, que mencionó que durante los informes de las acusaciones apenas habían nombrado a su cliente, recordó el testimonio realizado por el perito médico Xabier Leibar, en la que dijo que una microdosis de EPO no era perjudicial para la salud, y añadió que “el peligro para la salud no ha quedado claro”. Con respecto a este tema, Ignacio Arrollo, abogado de Zabalondo y Francisco, apoyó esa valoración al considerar que los remeros que testificaron durante esta semana y que pertenecieron a la plantilla de Urdaibai estaban “sanos no, sanísimos” y que ninguno de ellos “había sufrido problemas de salud” ni había dado positivo en las “300 analíticas realizadas durante esa temporada”. Además, la defensa también habló sobre las inyecciones intravenosas realizadas por Borja Garay en 2010 y comentó que en aquella época estaba permitido suministrar sustancias de este modo.

la versión de Banica Una de las pruebas más sólidas para la acusación es la testificación de Andrei Banica durante la vista oral y que el resto de remeros contradicen con firmeza. La defensa habló sobre las declaraciones del remero y comentó que la primera vez que el Fiscal General le tomó la palabra dijo que le habían pinchado “un par de veces a la semana” y añadió que su declaración había ido “in crescendo” en toda la instrucción. Otro de los temas tratados fue la no colaboración de Urdaibai con la Guardia Civil. La defensa argumentó esto cuestionándose el hecho de que si había algo en la sede del club, por qué no se realizó una inspección con una orden judicial: “No sabemos qué se les dio y no han ido a Bermeo. En el Código Penal no se puede suponer”.

Para terminar, el letrado de Maynar mantuvo la versión de los medicamentos comprados para uso propio y terapéutico del médico de Extremadura, y, además, los agentes no pudieron probar qué era lo que había mandado en los paquetes que recibió Josu Zabalondo. Ahora es el turno de la jueza.