donostia - El exdirector del yacimiento arqueológico alavés de Iruña-Veleia, Eliseo Gil, aseguró ayer en el final del juicio contra él por supuesta falsificación de grafitos que sale de la sala de vistas igual que entró: convencido de su inocencia y confiando en la Justicia.

Gil hizo uso de su derecho a la última palabra en el juicio que se ha celebrado desde el pasado 3 de febrero en el Juzgado de lo Penal 1 de Vitoria y que ayer quedó visto para sentencia.

“Entré en esta sala con dos convicciones de la mayor firmeza: la primera, mi inocencia; y la segunda, mi confianza en la Justicia. Con esas dos convicciones totalmente presentes salgo también de esta sala”, afirmó.

Gil reconoció que este juicio le ha supuesto “sufrir infinitamente” y que en él ha visto cómo se presentaba una parte importante de su vida profesional y de su vida en general como una “burda caricatura de lo que fue”.

También dijo que ha acudido a este proceso penal con una “gran curiosidad, prácticamente científica” y que “algo” ha aprendido de él.

Finalmente indicó que “suscribe plenamente” el alegato presentado por su letrado.

Por su parte, la defensa del exdirector del yacimiento romano de “cuento infantil” la acusación de que este falsificó 291 grafitos y ha censurado la falta de argumentos y de rigor jurídico para mantenerla.

El letrado de Gil comenzó así a desgranar sus conclusiones en la última sesión del juicio contra él. El abogado del principal acusado, que pide su absolución, afirmó que el objetivo de esta excavación no era la de encontrar grafitos y que Gil no tenía presión por parte de la empresa que subvencionaba el proyecto, Euskotren, para ello. “Por lo tanto, ¿cuál es el móvil para falsificar?”, se preguntó.

“No hay móvil, ni un mínimo indicio” y por tanto “es totalmente absurdo pensar que Gil se ponga a falsificar”. “¿A quién se le puede ocurrir falsificar 291 piezas?” es “imposible”, añadió.

Asimismo, censuró también los testimonios “malintencionados” de arqueólogos que han declarado en el juicio y que han “intentado sembrar dudas” cuando nadie de ellos se quejó ante la Diputación de Álava, propietaria del yacimiento, mientras trabajan allí.

En este sentido añadió que existe debate científico sobre estos grafitos, con informes tanto a favor como en contra de su autenticidad, pero que, sin embargo, todo se ha zanjado en base al estudio del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE) hecho por un geólogo que en el juicio calificó de “burdas” algunas de las falsificaciones.

También aseguró que no ha quedado acreditado que el autor de los supuestos grafitos falsos haya sido Gil y que en el juicio los peritos calígrafos presentados por la acusación no han podido concluir algo así.

El letrado arremetió contra la Fiscalía por las modificaciones introducidas en los delitos al final del juicio, algo que calificó de “totalmente irregular” y que pretende así “eludir que no se ha podido acreditar que Gil es el autor de las falsificaciones”.

A su vez, aludió a la prescripción del delito sobre el patrimonio porque las supuestas falsificaciones se llevaron a cabo entre mayo de 2005 y junio de 2006, y no fue hasta julio de 2009 cuando se le imputó el delito, por lo que habían pasado los tres años fijados.

Asimismo pidió la nulidad de la instrucción y ha criticado que el atestado de la Ertzaintza describiera el caso como “una de las mayores falsificaciones y/o manipulaciones realizadas sobre materiales arqueológicos del mundo romano”. “Eso lo estamos juzgando hoy, no en 2008”, añadió.

la acusación El Ministerio Fiscal y el letrado de la Diputación de Álava, por su parte, mantuvieron que Eliseo Gil falsificó grafitos en una actuación “premeditada”.

La Fiscalía pide cinco años y medio de cárcel para Gil por un delito continuado sobre el patrimonio en concurso con otro de falsedad documental en documento oficial o privado, y por un delito de estafa en concurso con uno de falsedad en documento privado. Considera que Gil es el autor y alternativamente responsable por omisión.

La Diputación, propietaria de la excavación y que ejerce la acusación particular, eleva la petición de pena para Gil a siete años y medio por los mismos delitos.