El TC avala que la ley obligue a las televisiones a invertir en cine

madrid - El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado que las cadenas privadas de televisión tengan que invertir el 5% de sus ingresos en la producción de películas de cine español y europeo, en una sentencia que responde a una cuestión que le planteó el Supremo tras ser recurrida la ley por varios canales privados.

“La libertad de empresa no es un derecho absoluto” y el fin de la norma cuestionada, que ya fue validada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es legítimo, responde el TC al Supremo, que planteó esa cuestión de constitucionalidad tras recibir un recurso de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca).

A pesar de que la ley que regulaba esa obligatoriedad ya ha sido derogada, el Constitucional se pronuncia sobre el fondo del asunto dado que la medida se mantiene vigente, porque en la Ley General de la Comunicación Audiovisual aprobada en 2010 no se suprimió la obligatoriedad de esa inversión. Y al entrar al fondo del asunto, recalca que, si bien la libertad de empresa que garantiza la Constitución comprende la libertad de inversión, no se trata de un derecho “absoluto e incondicionado”, sino que puede ser limitado por “reglas que disciplinen proporcionada y razonablemente el mercado”.

El TC considera que el fin perseguido por el precepto legal es constitucionalmente legítimo, dado que el cine es, entre otras cosas, una manifestación cultural y por ello hay elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas suficientes para su fomento y promoción.

Sostiene además que el cine europeo permite conformar las identidades europeas, sean comunes o singulares de cada Estado, lo que favorece a “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”. Se trata de un “fin de indudable interés para España como partícipe de este proceso de integración”. Tampoco cree el TC que pueda dudarse de la adecuación de que esa protección se plasme en una “inversión forzosa impuesta por la ley”.

El Constitucional recuerda que este mismo precepto fue avalado previamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por considerar que la obligación de financiar el cine es compatible con el Derecho de la Unión, y más en concreto con las libertades fundamentales. - Efe