donostia. "Más de cinco años después, ¿en qué fase se encuentra la Operación Puerto?", le preguntaron hace unos meses a Manolo Saiz. "Como ellos quieren: dilatada en el tiempo", respondió el cántabro, uno de los siete imputados que, tras el fin de las investigaciones por parte del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, deberá sentarse en el banquillo de los acusados para responder por un presunto delito continuado contra la salud pública que les imputa el Ministerio Fiscal y por el que reclama dos años de prisión e inhabilitación.

Junto al entonces mánager del Liberty Seguros, están acusados el médico Eufemiano Fuentes, su hermana Yolanda, el hematólogo José Luis Merino Batres y los responsables del desaparecido Kelme, Vicente Belda y José Ignacio Labarta, y el médico Alfredo Córdova.

Ambas partes tienen un plazo de diez días para presentar alegaciones y, cumplido el plazo, se procederá al sorteo del juzgado de lo penal en el que se desarrollará el juicio, que no comenzará antes de seis meses. En el proceso se presentan como acusación el Consejo Superior de Deportes, la Federación Española de Ciclismo, la Unión Ciclista Internacional, la Agrupación Internacional de Grupos Ciclistas Profesionales y la Asociación Mundial Antidopaje.

La Operación Puerto estalló en mayo de 2006 cuando la Guardia Civil desarticuló una trama que distribuía productos dopantes. Sus clientes eran deportistas de elite, españoles y extranjeros, en torno a 200, de diversas disciplinas, aunque el ciclismo fue el más (casi único) castigado. Algunos de los nombres en clave recogidos durante la investigación se vincularon a ciclistas que vieron cortada su carrera deportiva. Ivan Basso, según reconoció, se escondía tras uno de esos pseudónimos. Ullrich, Mancebo, Sevilla o, en última instancia, Alejandro Valverde, fueron arrollados por la operación española. Algunos, como Basso o Scarponi, tuvieron suerte: fueron sancionados por tentativa de dopaje y volvieron a correr sin estorbo. Otros, los más, sufrieron la censura desde la sombra. En algunos casos se vieron obligados a colgar la bicicleta, pues ningún equipo les abrió las puertas pese a no pesar sobre ellos ninguna sanción. En otros, el destierro fue la única salida para prolongar sus carreras.

Como en 2006 el dopaje y el tráfico con sustancias dopantes no era delito, los imputados que ahora se sienten, definitivamente, en el banquillo, fueron acusados de un delito contra la salud pública.