Hace unos días me llamaron de Alokabide, sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco cuya función social es promover y proporcionar un parque de viviendas en alquiler a un precio asequible para los adjudicatarios. Hace casi diez años yo fui uno de los agraciados con un pequeño apartamento en el barrio de Amara Berri. Me traje muebles, batería de cocina, biblioteca, ropa de cama, lámparas, plantas... para hacer de él mi hogar. Realicé en tiempo y forma los engorrosos e innumerables trámites requeridos: empadronamiento, cambio de ambulatorio, alta en los suministros, domiciliación de recibos, contratación de seguro de vivienda, etc.. Me llamó, como decía, una empleada de la sociedad que, según reza irónicamente en su web, trabaja en el ámbito del protocolo antidesahucios, para comunicarme que prácticamente estoy en la calle, que no me renuevan el contrato, que tengo que abandonar el hogar en mayo y que, de momento, no tienen nada que ofrecerme, que apenas disponen de viviendas en Donostia. Me informa con un tono afable, demasiado cordial para anunciarme tan envenenado regalo navideño. Ante tal funesta noticia, me quedé estupefacto, aturdido, sin poder pronunciar palabra, preguntándome por los motivos que han provocado que el parque de vivienda social gestionado por Alokabide, en lugar de incrementarse, se ha visto reducido. Y me viene a la cabeza la nefasta política de vivienda, la desmedida cantidad de licencias de vivienda turística que ha otorgado el Ayuntamiento en los últimos años. Despropósito que, unido a los inasumibles alquileres del mercado libre, nos están expulsando de la ciudad. Y me pregunto si el alcalde y sus adláteres son conscientes de que la vivienda uno de los ejes básicos de servicio a la sociedad y al bienestar de los ciudadanos es un derecho recogido en la Constitución. Con casi 60 años, mis enseres y yo, Gobierno Vasco mediante, nos vemos en la calle.
