Fraude en los servicios de prevención Miles de trabajadores y trabajadoras trabajan con ruidos superiores a 80 decibelios (dB A), perdiendo su capacidad auditiva y, una vez jubiladas, se ven necesitadas de audífonos para mantener la comunicación o relación social. Me cabreo observando cómo numerosos pensionistas gastan sus ahorros en comprar audífonos, incluso con planes de pago a plazos, cuando la gran mayoría de dichas prótesis o audífonos deberían ser gratuitamente entregados por la mutua, dado que la gran mayoría de las pérdidas auditivas o hipoacusias son consecuencia de los años de trabajo en ambiente ruidoso, que silenciosamente han dañado los oídos. Por ello, resulta inaceptable la actitud de los médicos de los servicios de prevención, buenos conocedores de la pérdida auditiva, mediante la vigilancia sanitaria anual, viendo las pérdidas de frecuencias agudas y, más tarde, las conversacionales, mientras incumplen la obligación de "Comunicar sospecha", que les exige el real decreto 1299/2006. Su actitud conlleva un fraude en la prevención del ruido. La persona afectada pierde la oportunidad de que se le reconozca la enfermedad profesional, cobrando de la mutua una indemnización que oscila entre los 2.156 y 4.289 euros. Una vez reconocida la enfermedad profesional, con derecho a la entrega gratuita de la prótesis o audífono, a cargo de la mutua. Hace más de una década, algunos médicos de los servicios de prevención en Euskadi se justificaban por el importante número de "Comunicaciones de Sospecha por Hipoacusias" realizadas, dado que habían recibido amenazas y denuncias sindicales por su práctica fraudulenta ocultando lesiones (qué poca vergüenza tenían, y siguen teniendo, al reconocer, que cumplían la ley, bajo amenaza sindical). Si ese es el camino, que evite el doble perjuicio a los trabajadores, es decir, ocultar la lesión causada por la precaria prevención, evitando a la mutua el pago de una indemnización y entrega de la prótesis adecuada a la lesión auditiva, tendrán la correspondiente respuesta. Osalan y la Inspección de Trabajo no pueden continuar cerrando los ojos ante semejante fraude preventivo de los servicios de prevención que tanto desprestigia la vigilancia de la salud.
