Somos dos familias de ese 6% a las que se ha referido como “impacto mínimo”. Pero detrás de ese número se encuentran nuestras familias, seres de carne y hueso que ahora mismo nos sentimos indefensos e impotentes.

Su departamento ha tomado la decisión sobre la educación de nuestros hijos e hijas privándonos a nosotros de ello.

Nuestro sistema educativo reconoce y apoya varios modelos educativos. Está el modelo público, el modelo de los centros religiosos o el modelo de ikastolas. Todos comparten una base común, pero cada uno con matices que para nuestras familias son importantes: modelo pedagógico, modelo organizativo, servicios, calendarios, instalaciones, etc. La libertad de elegir dichos modelos, muchas veces con previa visita a los centros o jornadas de puertas abiertas ha regido hasta ahora nuestro sistema educativo.

Estamos de acuerdo en que la segregación es un problema, pero es un problema complejo que afecta a todos los ámbitos sociales, a las ludotecas, a las plazas, etc. Y que, por supuesto, también debe tratarse a nivel educativo. Sin embargo, consideramos que con las medidas adoptadas por la Consejería de Educación no se resuelve dicho problema, menos aún cuando los pocos cambios que se van a realizar van a tener un impacto mínimo en lo que respecta a la segregación. Mientras que para llevarlos a cabo, se nos niega absolutamente como padres el derecho a decidir sobre la escolarización de nuestros hijos.

En nuestra opinión, la Comunidad Autónoma Vasca no es tan grande como para tener que recetar “café para todos” mientras se obvia un análisis municipal que tenga en cuenta las realidades propias de cada lugar.

Por otro lado, no nos parece adecuada la forma de medir la vulnerabilidad, ya que se trata fundamentalmente de una encuesta que depende de la buena fe de la persona que la rellena y también de unos datos circunstanciales del momento de la matriculación que condicionan todo el recorrido educativo de nuestros hijos e hijas. La medición y posterior reasignación de plazas escolares deberían de hacerse con criterios transparentes y con datos objetivos contrastables que no den opción a la picaresca.

Finalmente, pedimos que se resuelvan favorablemente los recursos presentados, ya que pensamos que la educación de nuestros hijos e hijas es nuestro deber y nuestro derecho. Asimismo, creemos que el análisis de la reacción social ha de servir para reformular el proceso de asignación de plazas escolares para conseguir el objetivo que se persigue y que además concite el consenso de toda la comunidad educativa. Sinceramente creemos que el fin, por muy loable que sea, no justifica esos medios. 

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