- La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, está inmersa en un escándalo por supuestas devoluciones ilegales de migrantes en la frontera marítima entre Turquía y Grecia, pero también despierta críticas por su escasa transparencia en reuniones con grupos de presión en plena expansión de su presupuesto y capacidades.
La ONG Corporate Europe Observatory ha lanzado la voz de alerta con un estudio que recopila tres años de documentos relativos a reuniones de Frontex con hasta 108 empresas de sectores armamentístico, defensa o seguridad, la mayoría de las cuales no figuraban en el registro de transparencia de la Unión Europea.
En el mismo periodo, Frontex solo mantuvo un único encuentro con una ONG que quedase registrado en la documentación obtenida por Corporate Europe, y ninguno con organizaciones de derechos humanos.
Para una de las autoras de este informe, la española Luisa Izuzquiza, la clave de estas reuniones no es quién figura en ellas -ya que Frontex tiene competencia para reunirse con cualquier sector- sino quién se queda fuera. “Las elecciones que hacen a la hora de reunirse forman parte de su mandato, pero es una interpretación muy seleccionada”, explica Izuzquiza.
En paralelo, la Defensora del Pueblo Europeo ha obligado a Frontex a desvelar la posición de 16 de sus barcos en el mar Egeo, que podrían suponer una prueba adicional para confirmar su posible implicación en las devoluciones en caliente por las que están siendo investigados.
La publicación del informe de Corporate Europe coincide con un punto álgido en los 17 años de vida de esta agencia: el presupuesto comunitario para 2021-2027 le otorga 5.600 millones de euros y en 2019 se acordó un refuerzo de 10.000 nuevos policías y que estos asuman nuevas tareas.
Sus agentes pueden ahora llevar a cabo controles de seguridad, autorizar o rechazar la entrada en la UE y ayudar en el retorno, siempre bajo la autoridad y control del Estado miembro donde se actúe. Además, Frontex tiene la capacidad para adquirir su propio equipamiento, reduciendo así su dependencia de las contribuciones de la UE.
Las organizaciones civiles, recuerda Izuzquiza, llevan desde 2016 -coincidiendo con el primer aumento considerable de presupuesto anual para la agencia- advirtiendo de que a este crecimiento no le acompañaban unos mecanismos de control adecuados. “Ahora que se cristaliza el efecto de esta expansión sin control es cuando las instituciones tienen que hacerse cargo del error que cometieron y resolverlo”, señala la española.
Izuzquiza aplaude que la CE haya tenido al fin la iniciativa para investigar a Frontex y exigirle explicaciones tras las denuncias de devoluciones ilegales de migrantes en el mar Egeo, pero lamenta la falta de ambición a la hora de abordar el problema.
Por el momento, la investigación del Ejecutivo sigue su curso y se han abierto sendas pesquisas en la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Defensora del Pueblo Europeo, además de crearse un grupo de trabajo en la Eurocámara. Además, el director de esta agencia, Fabrice Leggeri, comparecerá el lunes a puerta cerrada en la comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara respecto al informe sobre la aprobación de su gestión en 2019.
La eurodiputada de IU Sira Rego pidió información a Frontex, que le fue denegada “por contener datos sensibles”. Al recurrir, Frontex dijo que no “disponían de esos datos”, por lo que Rego les acusa de “estar fuera de control”.
