- La Comisión Europea (CE) presenta hoy su propuesta para establecer un fondo de recuperación y un nuevo presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2021-2027, con el fin de relanzar la economía tras la pandemia, un plan que parte con los países divididos de antemano sobre sus grandes líneas.
El primer eje de este plan será un nuevo instrumento de recuperación con 500.000 millones de euros que se financiará a través de la emisión de deuda por parte de la CE, con el aval del presupuesto comunitario.
El segundo será el propio marco financiero a largo plazo de la UE, cuyo volumen se mantendrá en torno al billón de euros para los próximos siete años que se había propuesto ya antes de la pandemia.
Las cifras han sido adelantadas por el representante de la Comisión en Viena y exsecretario general de la institución, Martin Selmayr, en declaraciones a medios austríacos.
El Ejecutivo comunitario declinó ayer a través de un portavoz confirmar estas cifras e insistió en que los números se darán a conocer hoy.
Selmayr reveló, además, que la mayoría de las ayudas del fondo se darán en forma de subvenciones, aunque no precisó la proporción entre subvenciones y préstamos.
La mayor parte del dinero se destinará a asistir a los países más afectados por la crisis, mientras que el resto servirá para apoyar al sector privado y movilizar sus inversiones, así como para reforzar programas sanitarios o científicos.
El plan tendrá que ser aprobado por todos los Estados y la negociación se anuncia difícil por las discrepancias que han quedado plasmadas en sendas propuestas nacionales en los últimos días.
Macron y Merkel plantean crear un fondo de recuperación con 500.000 millones de euros, financiado con la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea y distribuido exclusivamente en forma de transferencias presupuestarias.
Enfrente, la contrapropuesta de los austeros -Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia- rechaza cualquier tipo de mutualización de deuda, pide que todas las ayudas del fondo sean préstamos y rehúsa aumentar el presupuesto.
Mientras el fondo de medio billón de euros que planteará Bruselas está en línea con las demandas de Berlín y París, la aprobación de un presupuesto de un billón de euros ya se reveló imposible el pasado febrero.
Los países austeros rechazaron ir más allá del 1% de la renta nacional bruta conjunta de la UE, lo que implicaba recortar en 71.000 millones la propuesta sobre la mesa, y su posición no ha cambiado.
La Eurocámara, cuyo visto bueno es imprescindible para aprobar el plan, pide que éste alcance los dos billones de euros.
El debate más espinoso será sobre la forma de los desembolsos. España, Italia y los países del Sur, en línea con Francia y Alemania, defienden que las ayudas deberían llegar como subvenciones a fondo perdido, puesto que los préstamos contribuirían a incrementar la ya abultada deuda pública de algunos de los Estados más afectados.
El grupo de los austeros rechaza de plano esta opción y exige que sean préstamos en términos favorables, pero con condiciones.
Esto supondría que cada Estado tenga que devolver por sí mismo lo que reciba, mientras que las subvenciones saldrían directamente del presupuesto común, por lo que serían costeadas por todos.
La CE quiere que la mayor parte del fondo se destine a apoyar reformas estructurales e inversiones en los países y sectores más afectados, centrándose en la transición ecológica y digital. Los desembolsos estarían vinculados a que los Gobiernos sigan las recomendaciones que hace Bruselas en el Semestre Europeo.
Crear nuevas fuentes de ingresos. La CE plantea emitir bonos con el respaldo del presupuesto comunitario en el mercado para financiarse a bajo coste gracias a su calificación triple A. Estas emisiones no llegan a ser los eurobonos que pedían inicialmente España o Italia, pero satisfacen a los países que querían algún tipo de deuda común. Más relevante es el apoyo de Alemania, que supone un vuelco en la política de Berlín hasta el momento y hace plausible un acuerdo en este sentido, pese al rechazo de los frugales. Bruselas propondrá crear nuevas fuentes de ingresos propios para las arcas comunitarias, como impuestos al plástico o a las emisiones de CO2.
