EDIMBURGO - El Gobierno escocés intensificó ayer su estrategia de presión al Ejecutivo británico para que acceda a negociar un nuevo referéndum de independencia con el argumento de que en tan solo dos días el país abandonará la Unión Europea (UE), en contra de la voluntad de la mayoría de escoceses. El Gabinete de la nacionalista Nicola Sturgeon presentó una moción ante el Parlamento escocés, que logró el respaldo de la mayoría de diputados y que, aunque tiene un valor simbólico, consigue elevar la tensión entre ambas administraciones. El texto reconoce “el derecho soberano del pueblo escocés a determinar la forma de gobierno que mejor se adapte a sus necesidades”, ya que señala que se ha producido “un cambio material en las circunstancias desde 2014”, cuando tuvo lugar un plebiscito en que el 55% votó en contra de la independencia.
Como apuntó Sturgeon durante su intervención en el debate, el 62% de escoceses rechazó el brexit y el hecho de que todo el país vaya a retirarse del club comunitario desencadena, a su juicio, el cambio de escenario que justifica una nueva votación. Según los expertos, la posibilidad de perder su lugar en la UE si Escocia se convertía en un país independiente fue una de las razones que decantó la balanza en la votación de 2014, ya que la economía de la región depende en gran medida de la mano de obra extranjera para sustentar sus servicios públicos y su envejecida población.
El acuerdo de Londres es imprescindible para que el Parlamento regional reciba las competencias recogidas en la sección 30 del ordenamiento, que le permitirían legislar sobre un referéndum legal y vinculante, como el de hace seis años.
Con este movimiento, la formación de Sturgeon, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), busca presionar al Gobierno del conservador Boris Johnson, que a principios de enero denegó la convocatoria formal de un referendo con el argumento de que la cuestión quedó zanjada en la primera votación. Este viernes, horas antes de que el país abandone formalmente la UE, Sturgeon dará un discurso en que anunciará cuáles son “los próximos pasos” tras la negativa de Londres, que, según algunos analistas, podrían pasar por recurrir a los tribunales.
En una intervención previa a la votación, Sturgeon dijo que su gobierno cuenta con un “claro mandato” ganado en “tres sucesivas elecciones” para impulsar una segunda consulta, por lo que debe ser la Cámara escocesa y no la británica la que determine “cuándo y sobre qué base debería tener lugar un referéndum de independencia”. Insistió en que el brexit tendrá “graves consecuencias para la economía escocesa”, de modo que sería “una afrenta a la democracia”, que los escoceses no tengan la posibilidad de decidir.
Los resultados de las elecciones generales del pasado diciembre, en que el SNP ganó 47 de los 59 escaños reservados a Escocia en la Cámara de los Comunes y el Partido Conservador obtuvo mayoría absoluta en todo el país, han reforzado los argumentos de ambos lados que hasta el momento parecen irreconciliables. Este domingo, el grupo Progress Scotland publicó una encuesta según la cual el 61% de escoceses cree que debería ser su propio Parlamento el que decida sobre una nueva votación, en la que entre un 47% y un 49% podría votar a favor de la separación.
Además de la controvertida moción, los diputados se pronunciaron también a favor de que la bandera de la UE siga ondeando en el Parlamento escocés tras el brexit.
