Tres responsables de Ekobal, operadora de las instalaciones de la incineradora de Donostia, uno del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), y un quinto de una empresa alemana relacionada con los hornos declararán este jueves como investigados por un vertido a la regata Arkaitzerreka ocurrido en 2020.

Según informa la plataforma GuraSOS, contraria a la incineradora, estas personas son el jefe de turno de la empresa Ekobal; el operador de turno; el jefe de turno, el representante legal de GHK, y un responsable de la empresa alemana SBE, socio tecnológico de los concesionarios de la incineradora.

GuraSOS aclara, en una nota, que los hechos investigados están vinculados con "el derrame y posterior vertido a la regata de Arkaitzerreka de agua amoniacada durante los días 7 a 11 de mayo de 2020, que provocó la desaparición de las cuatro especies de fauna acuática" presentes en este cauce, entre ellas la anguila que cuenta con especial protección medioambiental.

Este colectivo recuerda en su comunicado que en la investigación de este incidente realizada por la Guardia Civil "se constató también la presencia de un peligroso cancerígeno, contaminante orgánico persistente" y "que no existían mediciones en continuo que garantizaran que se produjera contaminación atmosférica".

Con las cinco personas que comparecerán mañana, ya habrán declarado siete investigados en este proceso judicial, en el que GuraSOS ejerce la acción popular y en el que otras cuatro más están citadas para este mismo viernes.

Además, el Juzgado de Instrucción número 5 tiene pendiente de resolver aún la petición formulada por GuraSOS el pasado diciembre para que cite como investigadas a otros seis "cuadros técnicos" y "responsables" de GHK por este mismo vertido, así como a las empresas Ekondakin, como concesionaria de esta infraestructura, y Ekobal, operadora de las instalaciones.

Esta petición forma parte de una veintena de diligencias de investigación solicitadas recientemente por GuraSOS al juzgado, la mayoría de ellas basadas en el citado informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.

Entre otras conclusiones, este informe habría descubierto, según GuraSOS, que no se produjo un único vertido sino que habrían sido dos en un período de dos meses (marzo y mayo de 2020).

La investigación de la UCOMA habría revelado, por otra parte, que en las citadas instalaciones se habrían realizado pruebas "no estando acabadas y con los sistemas de seguridad que tienen diseñados y previstos en el proyecto y exige la Autorización Ambiental Integrada (AAI)", según GuraSOS.

Por estos motivos, esta plataforma reclama al juzgado que se investigue, entre otros aspectos, "el origen o fuente de emisión del alto nivel de cloroalcanos y metales aparecidos en el tejido de una anguila muerta recogida en el lugar de los hechos", algo que resulta "necesario" para "determinar" las "personas responsables de este delito".

Asimismo, demanda que se indague sobre "el estado de las obras" y de los "dispositivos de seguridad" en el momento del vertido y en concreto las que "se encontraban sin realizar, instalar o probar en relación con su correcto funcionamiento".

La batería presentada por GuraSOS reclama que se acredite también "si existía una autorización administrativa expresa de la autoridad industrial para funcionar en esas condiciones".

Pide igualmente que se concrete los responsables de "activar en esas condiciones" el "período de extraordinario de pruebas", poniendo "el acento" en la "modificación del contrato firmado por el diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, la víspera del vertido tras su aprobación en la asamblea de GHK celebrada el 29 de abril de 2020".