El nuevo peaje en la N-I y la A1-5 empezará a cobrarse a comienzos de 2023

Después de que las dos normas forales anteriores fueran anuladas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), la tercera norma foral ha iniciado ya su tramitación en las Juntas Generales. Ha indicado Oiarbide que espera que esté aprobada a finales de este año y que se necesitará “un año más” entre licitar, adjudicar y ejecutar la obra. Por tanto, no se comenzará a cobrar hasta “principios de 2023”, aunque, si los plazos se aceleran, podría entrar en vigor “a finales de 2022”.

El motivo de que se vaya a tardar un año en construir este sistema de peajes es que se trata de “una obra complicada”, según la diputada de Infraestructuras Viales. Se colocarán cuatro arcos, tres de ellos en la N-I (Itsasondo, Tolosa y Lasarte, que se añaden a los de Etxegarate, Andoain y Astigarraga) y uno en la A-15 (cerca del túnel de Ondoilar), además de 109 banderolas, que son “estructuras simples, como semáforos o farolas, en forma de L invertida con un sistema para detectar qué tipo de vehículo ha pasado y para leer matrículas”. Se trata de “una obra civil importante y con equipamientos técnicos”, y que costará 25,3 millones de euros.

La nueva norma foral cobrará por la N-I completa y por el tramo de la A-15 que discurre por Gipuzkoa, es decir, 76,35 kilómetros estarán bajo peaje en lugar de los 19,18 kilómetros que se están cobrando ahora. Oiarbide lo ha justificado diciendo que lo hacen para evitar “la discriminación que, según el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contenían las dos normas forales anteriores” y para adecuarse “a las políticas de la mayoría de los estados de la Unión Europea, que llevan años con el pago por uso en las carreteras de alta capacidad”.

La Diputación mantendrá la tarifa por kilómetro actual, es decir, 0,22 euros por kilómetro recorrido para los camiones entre 3,5 y 12 toneladas, y 0,28 euros para los vehículos de más de doce toneladas, lo que supondrá un mayor gasto para los transportistas que vayan por la N-I y la A-15, ya que con esta tercera norma foral deberán pagar por todos los kilómetros recorridos.

El dinero recaudado -la diputada de Infraestructuras Viarias lo ha cifrado en alrededor de 21 millones anuales a partir de 2023- irá destinado a “mejoras que reviertan en los usuarios de la N-I y A-15 y a actuaciones que supongan una menor afección a los residentes a ambos márgenes de las vías de alta capacidad. Ejemplos de esas actuaciones serían las obras de los túneles de la A-15 que estén pendientes de su ejecución a partir de 2023 y cuentan con un presupuesto de 35 millones, las mejoras de trazado de la N-I como la de Bazkardo en Andoain, cuyo presupuesto estimado es de más de 45 millones de euros, o diferentes actuaciones de mitigación del ruido”.

NORMA EN VIGOR Oiarbide ha dejado claro, en cualquier caso, que en estos momentos sigue vigente la actual norma foral por la cual los camiones pagan por los citados 19,18 kilómetros de la N-I y la A-15. Esto seguirá siendo así hasta que la Diputación reciba el edicto del TSJPV con la resolución judicial la sentencia sea publicada en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, trámites que eliminarán este peaje.

“Esperábamos mucho antes resolución del Tribunal Superior. Suelen ser entre diez días y un mes, y van unos cuantos meses y todavía no nos ha llegado. Entiendo que llegará pronto”, ha indicado Oiarbide: “No podemos dejar de cobrar el peaje actual porque estaríamos incumpliendo la norma foral, pero en cuanto llegue la resolución dejaremos de cobrar”. Según la diputada, esto sucederá en las próximas semanas, así que el siguiente escenario -previo a la tercera norma foral- será que los camiones no pagarán por circular por la N-I y la A-15 a lo largo de 2022. Será, por tanto, “un año sin peajes”.

RECLAMAR LOS COBROS Las asociaciones de transportistas pidieron en su momento a la Diputación la devolución del dinero pagado por los peajes anulados, a lo que Oiarbide ha respondido que “lo cobrado hasta ahora no es ilegal”, ya que “ninguna sentencia dice que haya que devolver el dinero”. En cualquier caso, dijo que “si alguien cree que tiene razones y argumentos según la ley para que se le devuelva lo pagado hasta ahora ,tendrá que hacer la reclamación en Bidegi o en la Diputación. La reclamación no puede ser colectiva, sino individual.

La diputada de Infraestructuras Viarias ha reconocido que el ente foral no ha tenido “ninguna conversación con transportistas”, situación que ha explicado así: “Antes de empezar en 2015 y 2016 este camino de pago por uso, hablamos con asociaciones pero no les interesaba nada salvo no cobrar el peaje. Para la segunda norma foral también hablamos con ellos. El rechazo es total y ahora van a tener que pagar más porque si no nos arriesgamos a tener otro varapalo judicial”. Oiarbide no entiende “el rechazo frontal de los transportistas, que cumplen el pago por uso en Europa”.

“No se puede negar la evidencia, que dice que la política europea para el mantenimiento de las carreteras, el cuidado del medio ambiente y la implantación de políticas sostenibles pasan por el pago por uso”, ha indicado la diputada, que ha añadido que en la gran mayoría de los estados de la Unión Europea llevan años con el pago por uso en las carreteras de alta capacidad y que España también está obligada a implantarlo en autopistas y autovías para el 2024. “Nosotros hemos sido los primeros en comenzar a implantar la Directiva Europea en el Estado, ninguna sentencia ha dicho que no podamos implantar las políticas del pago por uso. En Navarra, Bizkaia y Araba estas políticas también están de camino”.