- El papa Francisco ha vuelto a pedir esta semana a los obispos que reconozcan los fallos de la Iglesia en la prevención de abusos a menores. En una conferencia internacional, ha advertido incluso de que el futuro de la Iglesia católica depende de la actitud hacia las víctimas de la pederastia clerical. Un mensaje que parece ir calando en otras latitudes, algo que "aquí no ocurre", constata Gema Varona, profesora de Victimología y de Política Criminal en la UPV/EHU. "La respuesta no ha sido la adecuada desde hace mucho tiempo, y entretanto el daño de las víctimas es tremendo", lamenta esta doctora que lleva años investigando las secuelas de esos abusos sexuales, especialmente dentro de la Iglesia católica.

¿Cómo definir la actual situación?

-Aunque se han dado pequeños avances, sigue faltando mucha más transparencia. No es suficiente con publicar los protocolos de prevención que se han aprobado en las comisiones creadas por las diócesis y órdenes religiosas. Se plantean respecto al futuro, ¿pero qué ocurre con lo que sucedió? No se aborda la reparación a las víctimas por los hechos que ocurrieron. De hecho, no hay apenas datos sobre las investigaciones que se hayan podido llevar a cabo en el seno de la propia Iglesia.

¿Qué datos conoce?

-Hay un informe de los jesuitas, el único en España, pero es muy breve. Hay que alabar su carácter pionero al contabilizar el número de víctimas: 81 casos de menores de edad y 37 adultos sometidos a abusos sexuales en el Estado por parte de 96 religiosos de esta orden, la mayoría en colegios y entidades educativas, entre 1927 y 2020. A nuestro entender, como estimación, es un número muy escaso en comparación con otros países. Falta transparencia.

¿Es cierto que las diócesis españolas les negaron a datos para la investigación en la UPV a pesar de contar con una carta del nuncio papal?

-Hemos solicitado esos datos en dos ocasiones. La primera, por parte de la UPV y con el apoyo del nuncio, en 2014. Se celebraba un seminario al que acudieron expertos de investigación de diversas universidades de todo el mundo. Fue entonces cuando pedimos información a todas las diócesis pero no hubo casi respuesta. Nos dijeron que no tenían constancia de nada, o que eran datos que pertenecían al archivo secreto. Eso sí, las conclusiones de aquel seminario se le dieron en mano al papa. La verdad es que la respuesta de las diócesis fue un tanto contradictoria, porque tras la negativa algunas de ellas hicieron públicos algunos datos.

Han transcurrido siete años desde aquello. ¿Qué cambios se han operado en el seno de la Iglesia?

-Es cierto que no nos conocían en ese momento y que había que ganarse la confianza. Hemos tratado de colaborar en todo momento. En la UPV no tenemos un afán anticlerical. Somos una universidad y tratamos de hacer investigación. Es decir, ser objetivos desde la hipótesis de que la victimización sexual existe en todas las instituciones, incluyendo a las órdenes religiosas de países de todo el mundo. Podemos hacer estimaciones, pero nunca vamos a conocer la foto real de tiempos pasados. Menos, si la respuesta no es la adecuada desde hace mucho tiempo. Queremos arrojar un poco de luz en línea con los estándares internacionales y para eso hace falta que la institución actual se haga cargo de lo que ocurrió.

¿Y no está por la labor?

-Tiene que dar un paso al frente, y no es suficiente que lo haga sola. Es necesaria la colaboración de evaluaciones externas para que tengan legitimidad y sean independientes. Se trata de buscar las respuestas adecuadas con datos científicos que permitan depurar responsabilidades. No es fácil, exige coraje. No lo es, pero es un paso adelante que han dado otros países. En Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, lo han hecho con la colaboración de universidades. También han avanzado en Irlanda del Norte, Bélgica, Holanda o Francia. Aquí, en cambio, cada diócesis ha creado comisiones y cada orden religiosa está haciendo cosas por su cuenta, algo que es bastante injusto con las víctimas.

¿Por qué?

-Porque la respuesta no puede depender de si una orden religiosa está siguiendo un programa de justicia restaurativa o no. La garantía no puede depender de dónde te encontrabas cuando ocurrieron los hechos. Es un enfoque que a las víctimas les crea una sensación de desamparo mucho mayor.

En los últimos años hemos asistido al torrente de información de otros países. Un documento filtrado a la prensa alemana detalló, por ejemplo, la magnitud espeluznante de los crímenes, con 3.677 menores que sufrieron abuso. ¿Cuántos cree que podría haber en Euskadi?

-En la investigación conjunta que llevamos a cabo con la Universidad Oberta de Catalunya y la de Barcelona, esta última hizo una comparativa entre víctimas de abusos sexuales en otros contextos, como el familiar, y los de la Iglesia. Son pocas las personas afectadas que respondieron del País Vasco. En la UPV sí hemos hecho entrevistas en profundidad y hemos organizado grupos de discusión con víctimas tanto del País Vasco como de Navarra.

¿Y qué trasladan?

-De entrada, es curioso observar cómo en Navarra existe un movimiento asociativo que no hay en Euskadi. Hay víctimas del País Vasco que pertenecen a otras asociaciones de carácter más estatal, y otras que van surgiendo a raíz de casos como el de Juan Cuatrecasas, el joven que fue víctima de abusos sexuales en el colegio Gaztelueta de Leioa, del Opus Dei. Cada asociación tiene su propio enfoque. La de Infancia Robada, que surgió a raíz del caso de Gaztelueta, está más orientada a la reivindicación en tribunales.

Lleva años investigando las secuelas en las víctimas de abusos sexuales. ¿Qué características presentan las que han sufrido a manos de la Iglesia?

-Se produce un daño espiritual, una quiebra de la propia identidad y de la confianza en el mundo. Hay muchos sentimientos de culpabilidad y vergüenza. Además, se le dice a la víctima que por qué no ha denunciado estos hechos antes. Como bien dice Juan Cuatrecasas, "no se denuncia cuando se quiere, sino cuando se puede". Si la sociedad no tiene una buena formación en estos temas, si no se imparte una buena educación en los colegios y se entiende todo esto como algo sucio que hay que esconder, es muy complicado que aflore la verdad. Es difícil denunciar estos hechos en una sociedad que tiende a estigmatizar todavía más.

Muchas víctimas hablan del terror a esa "sombra negra"...

-Sí, es como romperse como persona. Hay una quiebra en la confianza en los demás. Las víctimas se preguntan que si un religioso es quien ha hecho algo así, alguien llamado a protegerle y educarle, qué no puede ocurrir con el resto de personas en adelante. Hay una quiebra en la confianza en los demás, en el futuro. Se pierde la esperanza de salir de esa sombra negra...

¿Y qué futuro les aguarda?

-Bueno, son personas generosas que han rehecho su vida pero con muchísimo dolor. Muchas de ellas necesitan un tratamiento psicológico muy costoso que nadie se lo sufraga. Hay quienes ni siquiera tienen acceso a ese apoyo y caen en adicciones y dependencias, lo que complica su vida laboral. Por descontado, se quiebra la confianza en Dios.

¿Cuesta verbalizar tanto dolor?

-Hemos intentado recoger los testimonios de las víctimas en sus propias palabras porque lo expresan de un modo mucho más elocuente que cualquier elaboración académica. Las metáforas que utilizan son muy llamativas. Personas que quizá no tienen mucha formación académica pero que se expresan de un modo muy elaborado que nos permite saber por dónde han pasado.

"Otros países han dado un paso adelante pero aquí cada diócesis hace las cosas por su cuenta, lo que resulta injusto con las víctimas"

"No se denuncia cuando se quiere sino cuando se puede, y es difícil hacerlo si la sociedad tiende a estigmatizar todavía más"

"Se produce una quiebra en la confianza en los demás, en el futuro. Se pierde la esperanza de salir de esa sombra negra"