a Convención de los Derechos del Niño, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños y niñas, entendidos como seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones. Pero la vulnerabilidad de los mismos hace necesaria la creación de leyes que aseguren una protección y derechos básicos.

Tal es así, que la propia ONU, dentro de su Agenda 2030, incluyó la necesidad de proteger a todos los niños y niñas de la violencia, la explotación y el abuso, así como erradicar el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina, otras prácticas nocivas y el trabajo infantil en todas sus formas. También subrayó la necesidad de garantizar que todos los niños y niñas accedan y permanezcan en el sistema educativo.

Con el objetivo de cumplir esos mínimos, diferentes organizaciones trabajan constantemente en la renovación y mejora de las leyes para así poder garantizar, en la mayor medida posible, un apoyo por parte de los estados hacia los niños y niñas. Con esa idea de base, la pamplonesa Leire Ibáñez, junto a su equipo de la asociación Child Rights Connect, y en colaboración con la organización Convention Against Torture Initiativem, han publicado un informe de investigación sobre Disciplina positiva y alternativas al castigo corporal. Ibáñez estudió Derecho en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y, tras terminar un máster en Madrid sobre protección internacional de Derechos Humanos, se especializó en temática de derechos de la infancia. Hoy en día es parte del Comité de Derechos del Niño y ha publicado, junto a la organización Child Rights Connect, el citado informe.

Una publicación que tiene como objetivo ser una herramienta para los Estados y proveer a los mismos de pruebas prácticas, usando como ejemplo otros Estados, y así motivarlos a realizar un cambio legislativo para prohibir completamente el castigo corporal e implantar las buenas prácticas a nivel educacional, ya que "ejercer una disciplina es importante, pero esta ha de ser sin usar la violencia, porque esa violencia luego tiene consecuencias en la sociedad", manifiesta Leire Ibáñez.

"Al comienzo del trabajo aseguramos que la disciplina y la orientación infantil son importantes para el crecimiento, la educación y el desarrollo del niño y la niña. La disciplina infantil es un componente inherente al proceso educativo de los niños y niñas que los prepara para su etapa futura como adultos que viven de manera productiva y pacífica en la sociedad. Sin embargo, existen límites importantes sobre la manera de disciplinar a los niños y niñas", explica Ibáñez. Por tanto, el trabajo rechaza cualquier forma de disciplina que use la violencia y se centra en enseñar otros métodos menos perjudiciales.

"El castigo físico y otras formas de castigo crueles o degradantes no reconocen a los niños y niñas como titulares de plenos de derechos y no respetan su dignidad ni su derecho a la integridad física como seres humanos. Los principios del desarrollo infantil, en cambio, abogan por el uso de medidas alternativas, conocidas como disciplina positiva, que consisten en formas respetuosas, no violentas, y centradas en encontrar soluciones para inculcar disciplina a los niños y niñas", expone el texto.

En él se utilizan conceptos como castigo físico o castigo corporal, así como castigo cruel o castigo degradante como concepto de disciplina que no reconoce a los niños y las niñas como titulares de pleno derecho y no respeta su dignidad, y que se utilizan a veces como maneras de disciplina en el hogar, las escuelas y los centros de atención.

En vez de ello, la publicación aboga por la utilización de medidas alternativas que son conocidas como disciplina positiva, que no reconocen la violencia y siempre están centradas en encontrar soluciones. Pretenden, por tanto, formar vínculos positivos y promover la cooperación y la reciprocidad entre padres y madres e hijos e hijas y entre el educador y el niño o la niña. Para ello, utilizan el afecto, la estructura y la buena comunicación para que el niño o niña aprendan nuevas habilidades que ayuden a prevenir la repetición del mal comportamiento, guiándose por cuatro principios interdependientes: identificar las metas educativas a largo plazo, brindar afecto y estructura, comprender cómo piensan y sienten los niños y niñas, y la resolución de problemas.

De la misma manera, Ibáñez asegura que "no es positivo castigar a los padres por no cumplir la ley" y apunta que "se ha llegado mucho más lejos con conceptos educativos en los que se forma a los padres y madres en el hogar, dándoles unos materiales para saber cómo realizar esta parentalidad positiva. Porque todos sabemos que es malo ejercer una violencia contra un niño, pero tenemos que aprender qué podemos usar para sustituir el castigo físico o psicológico".

Para llevar adelante el trabajo de investigación ha estudiado políticas de países como Suecia "que es un importante ejemplo si queremos tener una perspectiva sobre un país que ha eliminado completamente el castigo corporal no solo de la legislación, sino también a nivel social", remarca Ibáñez.

Unas ideas que, aunque están planteadas desde un punto de vista internacional, se encuentran en línea con las leyes estatales, en donde se acaba de implantar una nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (2021) y que mejora la ley anterior, de 1996. "Con esta nueva ley se va a conseguir proteger a los niños frente a la violencia, considerándoles víctimas de violencia de género en caso de que vivan un contexto como tal en el hogar, cosa que hasta ahora no era así", sostiene Ibáñez.

"De la misma manera, la pobreza de padres o tutores ya no será la única causa para determinar la situación de desamparo de los niños", comenta. Sin embargo, el cambio más llamativo es el hecho de que esta nueva ley ya tiene la definición de parentalidad positiva en el artículo 26 y la definición está en línea con la definición internacional, aunque esta se denomina parentalidad positiva y no disciplina positiva como en el ámbito internacional.

El trabajo redactado va dirigido a los diferentes gobiernos, lo cual significa que "luego son ellos los que deberán hacer uso de la creatividad para inculcar estas nuevas prácticas en la sociedad", confiesa Ibáñez. Estas pueden ser en forma de campañas publicitarias en la televisión, radio o redes sociales, entre otras. En forma de donaciones a ONG que trabajan con familias para que creen programas de capacitación, centrando la audiencia a quienes lo necesiten y creando programas más focalizados.

En forma de redacción de materiales, como pueden ser pequeños folletos que expliquen de manera clara cómo ejercitar una parentalidad positiva para luego difundirlos; o hacer uso de plataformas online como https://familiasenpositivo.org/, impulsada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar, junto a la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene la finalidad de promover el ejercicio positivo de la parentalidad y reforzar el apoyo a la parentalidad positiva en las políticas y servicios públicos de gobiernos locales, dando recursos no solo a nivel estatal sino también a los gobiernos y tejidos asociativos como Onus, asociaciones o fundaciones a nivel local.

Una vez que los gobiernos decidan hacer caso al texto, solo quedará implantarlo en la sociedad. Mientras tanto, el equipo de Leire Ibáñez pretende redactar otra publicación que se base esta vez en centros de privación de libertad de menores, "siendo nuestra audiencia una vez más los estados".

"Es importante ejercer una disciplina, pero ha de ser sin violencia, para que no haya consecuencias en la sociedad"

Jurista en Child Rights Connect