Las aguas del río Bidasoa vuelven a teñirse de luto tras el fallecimiento de una persona migrante que trató de cruzar este domingo a nado el cauce. No pudo alcanzar la orilla en Biriatu. Solo su acompañante logró poner pie al otro lado de la muga. Se trata de la segunda persona fallecida en las mismas circunstancias en poco más de dos meses. Las instituciones vascas mostraron su consternación por lo ocurrido, al tiempo que la red ciudadana Irungo Harrera Sarea ha convocado una concentración de protesta hoy a las 19.00 horas en la plaza San Juan.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 9.45 horas cuando un vecino de la zona fue testigo de lo ocurrido y se lanzó al agua para socorrer a las dos personas que esos momentos atravesaban apuros. En más de una ocasión se ha hablado del Bidasoa como de un río traicionero, en apariencia manso y sin necesidad de salvar grandes distancias, pero que no pone las cosas fáciles una vez que te adentras. Los flujos desordenados de la migración volvieron a constatar que en ese mismo río hay vidas en juego.

De hecho, la fuerte corriente obligó a salir del cauce al vecino que pretendía auxiliar a estas personas, ante el temor de correr la misma suerte. Inmediatamente se dio el aviso a SOS Deiak y un técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco coordinó el operativo de rescate, solicitando la presencia en el lugar de un helicóptero de la Ertzaintza con configuración de buceo, buzos de Cruz Roja de Hondarribia y de los Bomberos, así como una dotación de la Unidad de Vigilancia y Rescate de Montaña y patrullas de Seguridad Ciudadana para recorrer la ribera del río.

Poco después fue hallado en el río el cuerpo del migrante desaparecido, que fue trasladado a tierra por los bomberos. Se encontraba en parada cardiorrespiratoria pero las maniobras de reanimación no dieron resultado y, minutos después, un médico de la ambulancia de Osakidetza certificó su fallecimiento. La Ertzaintza ha abierto una investigación para conocer la identidad de esta persona.

Se trata del segundo migrante ahogado en el río Bidasoa tras la muerte de otro joven el pasado 22 de mayo, cuyo cadáver fue localizado a la altura del bidegorri que une Azken Portu y Behobia. En este mismo enclave, un joven eritreo de 21 años se había quitado la vida un mes antes.

Tanto el Gobierno Vasco como la Diputación Foral de Gipuzkoa mostraron ayer su consternación por lo ocurrido. El director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, declaró que este nuevo fallecimiento es un "fracaso colectivo de toda la sociedad". Legarreta abogó por hacer posibles "tránsitos seguros en situaciones de crisis humanitaria y de forma ordinaria a nivel global y, desde luego, en las fronteras de la UE y en los tránsitos internos". "Es una tarea urgente", remarcó. La dirección de Inmigración y Asilo está en coordinación con el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para que se esclarezcan los hechos.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, aseguró que este hecho "tan dramático es la consecuencia directa de una situación de injusticia ante la que no podemos permanecer de brazos cruzados". "Gipuzkoa siempre ha sido un territorio solidario, sensible ante las personas en situación de vulnerabilidad, y esta muerte nos produce una enorme tristeza e indignación", señaló. En su opinión "urge un compromiso compartido para que hechos tan duros y dolorosos no vuelvan a repetirse ni en Euskadi, ni en el Estado, ni en toda Europa".

En la misma línea, el alcalde de Irun, José Antonio Santano, expresó su profunda tristeza por lo ocurrido y pidió "unas políticas migratorias europeas que eviten este drama humano".

La red ciudadana Irungo Harrera Sarea, que ha hecho un llamamiento para concentrarse hoy a las 19.00 horas en la plaza San Juan de Irun, interpeló a las instituciones vascas a que den "un paso al frente". En declaraciones a este periódico, su portavoz, Anaitze Agirre, indicó que lo sucedido "no es algo fortuito" ya que existen "responsabilidades", e instó a las instituciones vascas a "redoblar esfuerzos en la acogida porque se trata de proteger a personas en situación de grave vulneración de derechos".