- Un juzgado de Donostia ordenó ayer la retirada del pasaporte al monitor de artes marciales acusado de abusar sexualmente de una joven cuando ésta tenía quince años en el domicilio en el que él residía, aprovechando que la menor pasaba “una mala racha personal”.

Después de que los hechos fueran denunciados por la víctima el mes pasado ante la Ertzaintza, el juzgado del caso tomó ayer declaración a la chica, que se ratificó en su versión inicial, mientras que el hombre, de nacionalidad extranjera, negó los hechos.

Al término de esta diligencia, la representación legal de la joven reclamó el ingreso en prisión provisional del investigado. Subsidiariamente, demandó, al igual que la Fiscalía, la retirada del pasaporte del monitor con prohibición de abandonar el país, así como con la obligación de comparecer cada quince días en sede judicial.

La abogada de la defensa, por su parte, se opuso a la adopción de cautela alguna y solicitó la puesta en libertad provisional de su cliente. No obstante, en un auto al que tuvo acceso Efe, el juzgado que instruye el caso ordenó, siguiendo el criterio del Ministerio Público, la retirada del pasaporte del hombre en atención a la “gravedad” de las penas con las eventualmente podrían ser castigados los hechos, así como “para garantizar” su presencia en nuestro país cuando sea requerido.

Asimismo, rechaza su ingreso en prisión al entender que “no existe riesgo de reiteración delictiva” por parte del monitor, quien carece de antecedentes por hechos análogos, sin que además exista “riesgo de alteración de medios de prueba o de atentar contra bienes” de la joven. La resolución recuerda, en este sentido, que los hechos se remontan a 2018, fecha desde la que, según la propia denunciante, el hombre “no se ha puesto en contacto con ella”.

Mientras, el Ayuntamiento de Donostia condenó ayer los “presuntos” abusos sexuales por parte del profesor de artes marciales y ha convocado hoy una concentración de repulsa contra los últimos casos registrados en la ciudad. El Consistorio donostiarra aprobó una declaración institucional con el apoyo de todos los grupos en la que expresa su apoyo y solidaridad con la víctima de los presuntos abusos, a quien ofrece servicios de atención y apoyo “jurídico, social y psicológico”.