- Stop Desahucios de Euskadi denunció ayer la situación de siete familias de los barrios de Intxaurrondo (Donostia) y de Sagastialde (Hernani) a las que se les ha comunicado que deben abandonar sus viviendas al finalizar los contratos improrrogables de los apartamientos dotacionales adjudicados hace cinco años, algo que desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco rechazaron, asegurando que las personas en situaciones de vulnerabilidad pueden prorrogar la cesión o ser reubicadas a otra vivienda protegida.
Los contratos de los afectados finalizaron entre mayo y julio de 2020 en Hernani y en mayo de este año en Intxaurrondo y serán, según criticaron desde la plataforma, reubicados en apartamentos dotacionales creados para la emancipación de los jóvenes a pesar de ser familias vulnerables económica y socialmente e inscritas en las listas de Etxebide. “No son familias que necesiten emanciparse; son padres y madres”, señaló la portavoz Rosa García, que aseguró que se les ha denegado el derecho subjetivo a una vivienda digna por sobrepasar el tope de renta fijado en la Ley de Vivienda.
El Gobierno Vasco contestó a la denuncia a través de un comunicado en el que recordó que los alojamientos dotacionales se ceden durante cinco años a personas y unidades convivenciales que “aceptan” y “son conocedoras” del carácter “temporal y rotacional” de estos recursos. No obstante, explicó que cuando termina este periodo se analiza “cada caso minuciosamente” y se aborda “con especial atención” las “situaciones de vulnerabilidad”, hasta el punto de que se mantienen los alojamientos “a todas aquellas personas con el derecho subjetivo a la vivienda reconocido”, hasta que puedan ser reubicadas.
