e permito decir que la Diputación no ha cobrado el canon de forma irregular. Y no lo hace, porque no se planteó la suspensión cautelar de la norma foral de peajes, pudiendo haberlo hecho. Lo que está haciendo Bidegi es cobrar la norma foral vigente, mientras no se publique el fallo de nulidad en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG)”. Y esta publicación, asegura el letrado de la Diputación de Gipuzkoa, tardará presumiblemente un tiempo debido a la maraña judicial en la que se encuentra atrapada. Es decir, la norma foral de peajes a camiones, aunque refutada, sigue en vigor hasta que pite el árbitro. Este es, dijo el representante legal del ente foral, el “embrollo judicial en el que estamos”. Abróchense los cinturones.
El lío jurídico en torno a esta norma de peajes es complejo y trató de explicarlo Juan Ramón Ciprián, letrado de la Diputación de Gipuzkoa, en las Juntas de Gipuzkoa ayer. Ciprián justificó y argumentó la defensa legal que ha hecho la Diputación de sus normas forales, mostró su “sorpresa” por las decisiones del Tribunal Supremo (TS), y aseguró, aun así, que no está dicha la última palabra en este litigio, aunque la Diputación reconoce que es difícil que el Supremo se desdiga ahora y por eso prepara otra norma foral, la tercera.
La batalla sigue en el alto tribunal español, donde se han presentado sendos incidentes de nulidad por considerar que los magistrados debieron formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de pronunciarse sobre esta materia. Un “paso obligatorio”, afirma Ciprián, cuando se trata de sentar jurisprudencia sobre una materia en un país: España en este caso. El Supremo debió hacerlo antes de su sentencia del 18 de febrero de 2021, cuando anuló la primera norma foral guipuzcoana, según la Diputación, que espera que el Tribunal Constitucional (TC) lo enmiende.
Dos normas forales y las dos han sido rechazadas. La primera sentencia contraria la sufrió la Diputación el 9 de abril de 2018, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) atendió un recurso de una organización de transportistas. El argumento: la “discriminación indirecta del tráfico por origen y destino” del mismo. Es decir, que se estaba perjudicando al transportista foráneo ante el local.
La Diputación presentó entonces un recurso de casación ante la Sección Primera del Supremo, cuya única función es “admitir o inadmitir”, explicó Ciprián. La admitió y pasó a la Sección Segunda del TS, donde se debía sentar jurisprudencia.
Para cuando la Diputación vio los puntos débiles de su primera norma foral, antes de que el Supremo la echase atrás, ya articuló una segunda norma que entró en vigor el 14 de mayo de 2019, derogando la que estaba judicializada. Pero esta segunda norma fue de nuevo impugnada ante el TSJPV, “alegando que era un maquillaje de la primera y que sigue discriminando al tráfico exterior”.
La principal variación en esta segunda norma, que sigue vigente aún, “es la supresión del pórtico de Irun y su traslado a Astigarraga, además de la reducción del importe en cada uno de los tramos”. Ni aún así. De nuevo el TSJPV, esta vez el polémico juez Garrido, “sin hacer un gran esfuerzo, copió los fundamentos de la sentencia anterior y estimó el recurso”, afirmó Ciprián.
Frente a esa sentencia, la Diputación volvió a presentar un recurso de casación ante la Sección Primera del TS, pero antes, la Sección Segunda sentenció sobre la primera norma, el 18 de febrero de 2021, confirmando la nulidad de la ya extinta primera norma foral guipuzcoana. Esta sentencia es firme y no cabe recurso alguno, por lo que fue devuelta al TSJPV y, este, “como obliga la ley”, lo publicó en el BOG el pasado 28 de abril. Pero la propia Diputación la había derogado ya.
Sin embargo, este hecho resultó definitivo en el proceso judicial de la segunda norma. Una vez pronunciada la Sección Segunda y habiendo, supuestamente, sentado jurisprudencia con la primera norma foral, al recibir el recurso de casación de la segunda norma foral por parte de la Diputación, el alto tribunal “llega a la conclusión de que sobre un tema similar, el asunto ha perdido interés casacional, cuyo objetivo no es otro que crear jurisprudencia. Y ya la da por creada. Y por eso no admite el recurso”, explicó el letrado.
Sin embargo, el ente foral ha presentado sendos incidentes de nulidad a la Sección Primera del Supremo, por esta última providencia que inadmite el recurso foral sobre la segunda norma foral. Y también sobre la sentencia que la Sección Segunda emitió en febrero de 2021 sobre la primera norma foral.
La Diputación se basa en que “cuando se plantea una cuestión de interpretación de la euroviñeta, en este caso, el tribunal nacional contra el que no cabe recurso (el Supremo), está obligado a acudir a la Justicia europea (TJUE), a una cuestión prejudicial, antes de pronunciarse”.
“Ciertamente, es improbable pensar que el Supremo se desdiga de lo que ya ha decidido”, aclaró Ciprián, pero la persistencia de la Diputación está basada en una “sentencia del Constitucional en un caso similar en que el Estado planteaba una cuestión prejudicial, y anuló una sentencia del Supremo, en el sector eléctrico, y el TS se vio obligado por el Constitucional a presentar una cuestión prejudicial que aún está en estudio en Europa”. Por ello se ha solicitado un recurso de amparo ante el TC.
