Gipuzkoa implantará el peaje a camiones en toda la N-I y A-15 para superar las trabas judiciales

"A esto nos han forzado la patronal española del transporte y los tribunales. No señor, los peajes en Gipuzkoa no se han terminado para los transportistas. Quien usa y contamina, paga". Así de contundente se ha mostrado hoy en las Juntas Generales la diputada guipuzcoana de Infraestructura Viarias, Aintzane Oiarbide, quien no ha querido ocultar las "dificultades para seguir adelante" con la norma foral de peajes.

El "embrollo judicial" en torno a esta norma de peajes es complejo y ha tratado de explicarlo Juan Ramón Ciprián, letrado de la Diputación de Gipuzkoa, quien ha acompañado a la diputada Aintzane Oiarbide a las Juntas de Gipuzkoa. Ciprián ha asegurado que no está dicha la última palabra en este litigio y que la batalla sigue en el Tribunal Supremo español, donde se han presentado sendos expedientes de nulidad por considerar que el alto tribunal debió formular una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE antes de pronunciarse sobre esta materia y sentar jurisprudencia en España, como supuestamente hizo en su sentencia del 18 de febrero de 2021. En todo caso, ha asegurado que aún pasará tiempo hasta que la sentencia en contra de la actual norma foral se publique en el BOG y anule la norma en vigor.

Pero antes de que eso ocurra, "hay que darle seguridad jurídica (al canon), mirar a lo que nos dicen los tribunales", asegura Oiarbide. La primera herramienta para seguir cobrando el peaje a camiones será un decreto-norma foral que dé cobertura mientras se llevan a cabo todos los trámites y plazos necesarios para aprobar una nueva norma foral, la ley de mayor rango. Y en ese nuevo articulado legal, habrá que evitar esa discriminación indirecta que el alto tribunal ve hacia el tráfico externo.

"No nos dicen qué es exactamente discriminación y lo único que nos dicen es cómo no podemos hacerlo", ha reiterado la diputada. No está en cuestión la competencia foral para establecer peajes al tráfico pesado, según Oiarbide. "De ninguna manera". Y por ello, ha anunciado que el "único camino para la seguridad jurídica es poner peaje en todo el recorrido de la N-I y A-15. Hasta ahora, solo había un peaje mínimo a los camioneros", ha explicado.

"Los transportistas españoles y los tribunales nos obligan a imponer el peaje en toda la N-I y A-15 para lograr la mayor seguridad jurídica. Aunque no consideramos que hayan sido unos esquemas discriminatorios, evidentemente, debemos hacer caso de los tribunales, respetamos su decisión, no la compartimos, pero tenemos que actuar acorde a sus sentencias", ha zanjado.

Oiarbide ha asegurado que la última y reciente providencia del Tribunal Supremo no establece que haya que devolver los importes cobrados a los transportistas desde enero de 2018, fecha en la que entró en funcionamiento el peaje mediante sistema de cobro sin barrera (free-flow) a los cerca de 12.000 camioneros que atraviesan el territorio a diario.

"Analizaremos uno por uno los casos de reclamación de los transportistas", ha dicho. "El pago por uso lo decidieron estas Juntas Generales. Ya estamos trabajando en la próxima norma foral, que será debatida también en esta cámara".

Oiarbide, quien ha recibido duras críticas por parte de EH Bildu y Elkarrekin-Podemos, defiende el proceder de la Diputación en la implantación del peaje, una "obligación", dice, tras el mandato dado por las Juntas Generales cuando aprobaron el pago del canon de vehículos pesados hace ya cinco años.

El precio de ser los primeros

"Está siendo largo el recorrido judicial en referencia a este peaje, y además complicado. Estamos siendo los primeros, pioneros, en abrir vía para cobrar peaje a los transportistas, siguiendo la directiva europea. Sabíamos que su presión (de los transportistas) iba a ser grande, pero quiero dejar claro que ni una sola sentencia pone en cuestión que podamos cobrar ese peaje, ni que tengamos competencia para ello. No quiere decir que se hayan terminado los peajes en Gipuzkoa, eso está fuera de toda duda", ha insistido.

Cobrar peaje a los camiones "no es un capricho". Es la conclusión a la que se llegó en la ponencia parlamentaria que tuvo lugar en 2010, "si queremos mantener como es debido y mejorar las carretera". Un total de 91 millones al año es el coste de mantenimiento de la red viaria guipuzcoana, según ha explicado Oiarbide.

"La financiación de la Diputación no es suficiente y hay que implementar otras vías de financiación, con un nuevo impuesto o bien cobrar por el uso de vías de alta capacidad", ha dicho. Esta última es la vía por la que se ha optado en Gipuzkoa. No se puede, ha aclarado, sostener con el presupuesto foral un déficit como el que soporta el Estado en detrimento de temas sociales y fomento de la innovación y la economía. "Por eso se decidió cobrar por usar las vías de alta capacidad. Lo decidieron estas Juntas Generales", ha dicho, ante el resto de grupos representados: "Nos parece la más junta y nos alineamos con la vía europea".

Mentiras y soberanía

Oiarbide ha afirmado que "en Gipuzkoa esta discusión la tenemos superada, por suerte, todos los grupos, aunque tengamos diferencias. En prensa hemos visto opiniones de transportistas y no vamos a aceptar la presión y la afirmación de la Federación Nacional del Transporte de Mercancías (Fenadismer), diciendo que se han terminado los peajes en Gipuzkoa. No se han terminado. No vamos a aceptar que mientan con informaciones manipuladas en favor de sus intereses", ha insistido.

Oiarbide ha querido explicar en este punto cómo se distribuye el dinero recaudado por el Impuesto de Hidrocarburos en Euskadi y desmontar así la "mentira" de la patronal española del transporte, quien asegura que Gipuzkoa ya percibe por este impuesto más de 400 millones y que cuentan con ellos para el mantenimiento de la red viaria. Nada más lejos de la realidad, según Oiarbide.

La diputada ha distinguido entre tasas e impuestos. "La tasa es una contraprestación directa de un servicio que reciben los ciudadanos", mientras que los impuestos, como el de hidrocarburos, se destinan a sufragar todo tipo de políticas públicas, de toda índole y no exclusivamente de carreteras.

Y según ha explicado, del total de 429 millones recaudados en 2020 por el Impuesto de Hidrocarburos en Euskadi, solo 46,8 se quedan en la Diputación de Gipuzkoa y de ellos, únicamente 4,2 millones al Departamento de Infraestructuras Viarias, después de descontar la parte del Cupo al Estado español, la parte que se destina al Gobierno Vasco y la financiación de los municipios.

Y además, ha dicho, el Impuesto de Hidrocarburos "no lo pagan solo los transportistas, sino los aviones, barcos y vehículos ligeros". El montante, con todo, sigue siendo insuficiente a todas luces para hacer frente a los 91 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento de carreteras de Gipuzkoa, 60 a cargo de la Diputación, y 31 a cargo de Bidegi.

"No vamos a tolerar la falta de respeto a las Juntas ni a la Diputación, donde reside la soberanía guipuzcoana. En estas juntas es donde se decide si se ponen peajes y no en otro lugar. Los tribunales nos han dicho cómo no podemos implantarlos, pero no que no podamos hacerlo. No serán ellos (la patronal estatal del transporte) quienes nos digan que se acabaron los peajes en Gipuzkoa. Son mentiras para decir que los camiones no deben pagar por el uso de las infraestructuras", se ha explayado.

Un "acuerdo imposible" con el sector

El representante de EH Bildu en las Juntas Oskar Bordes le ha recriminado a Oiarbide, precisamente, la falta de apoyo al sector del transporte guipuzcoano y ha instado a la Diputación a devolver los "más de 30 millones de euros cobrados de forma irregular" con este peaje que ha cuestionado la Justicia. También le ha dicho que su gestión está basada en la "arrogancia".

Oiarbide le ha respondido que la norma foral por la que la Diputación ha estado cobrando el canon es una norma en vigor todavía, y asegura que no prevén ninguna devolución, por lo que si cada transportista reclama, se analizará cada caso uno a uno. "Yo le preguntaría a Bildu que de dónde se saca que tenemos que devolver 35 millones a los transportistas, viendo, además, que las sentencias no dicen nada. Por supuesto, responderemos una a una a todas las reclamaciones", ha afirmado la diputada.

"¿O prefiere usted el déficit en mantenimiento, como sucede en el Estado español, un déficit de 8.000 millones en mantenimiento? La seguridad de nuestra red viaria hay que mantenerla. Es algo que tiene claro esta Diputación. Y que para eso, el usuario tiene que pagar", le ha insistido Oiarbide al portavoz de EH Bildu.

La diputada sí se ha mostrado abierta a estudiar otro tipo de medidas para combatir los problemas del sector, pero ha remarcado, como ha hecho el socialista Julio Astudillo, que la pronunciación en contra de la Justicia española se produce precisamente porque considera que beneficia a los transportistas locales.

La diputada ha aclarado que se ha reunido en varias ocasiones con el sector, con la patronal guipuzcoana Guitrans y el sindicato de transportistas Hiru, y asegura que el acuerdo con ellos fue "imposible": "Lo único que quieren es no pagar peaje y así no se pueden acercar posturas, dice Oiarbide: "El canon lo decidieron estas juntas generales y el peaje a camiones no se ha terminado en Gipuzkoa".

Elkarrekin-Podemos, por su parte, asegura que trabajar en una nueva norma foral para favorecer el cobro de los peajes es "una irresponsabilidad mayúscula" y ha puesto sobre la mesa el debate de una reforma fiscal para hacer frente a este tipo de gastos.