La reciente sentencia del TSJPV TSJPV sobre los requisitos lingüísticos para 12 plazas de policía municipal en Irun, exigencia que ha suspendido, ha causado preocupación en el PNV, que en absoluto comparte la conclusión judicial de que exigir el conocimiento de las dos lenguas oficiales para el desempeño de un empleo público sea "discriminatorio".
Las críticas del PNV a esta sentencia se suman a las que han expresado otras entidades como el Gobierno Vasco o la Diputación de Gipuzkoa. También han salido al paso de este fallo numerosos colectivos que trabajan por la normalización del euskara, entidades que han convocado este sábado al mediodía una concentración de protesta frente al edifició del tribunal en Bilbao.
Tras la reunión semanal del EBB, la formación jeltzale ha hecho público un comunicado en el que expresa su "sorpresa, disconformidad y preocupación" por una sentencia "contraria a la realidad del país". A su juicio, el fallo "lesiona los derechos lingüísticos de la población euskaldun, erosiona el autogobierno de las instituciones vascas y limita la autonomía con que cuentan los ayuntamientos". En este sentido, animan al Ayuntamiento de Irun a que interponga un recurso contra la resolución judicial.
El PNV recuerda que el Decreto 86/1997 establece que los puestos de trabajo de Policía Local tienen carácter preferente por su carácter prioritario, al tratarse de puestos de cara al público, de modo que son esenciales a la hora de garantizar los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. En 2016, según datos del EUSTAT, el 60,32% de la población de Irun sabía euskera, un dato que el TSJPV ignora y se aferra al dato del uso, sensiblemente inferior, para edificar su argumentario.
En riesgo la política de 40 años
Según la nota del PNV, la convocatoria para la Policía Local de Irun "cumple la legislación vigente y cuenta con el informe favorable de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco" y también cuenta con el visto bueno del Plan de Uso del euskera del consistorio bidasoarra.
El PNV concluye su comunicado su prepocupación porque el fallo pone en cuestión la política lingüística desarrollada los últimos 40 años en Euskadi en defensa y promoción del euskera, "política que cuenta con el respaldo mayoritario de la ciudadanía vasca y cuyas iniciativas han superado todos los controles administrativos y jurídicos según han ido entrando en vigor".
