- José Esteban Domínguez Antón tiene 48 años y una enorme incertidumbre. Vive en la calle Egia de Donostia desde hace siete años, en régimen de alquiler, junto a su mujer y sus dos hijas menores, que han nacido en el barrio. Siempre han pagado la renta, nunca han dado problemas, y las pequeñas van a la ikastola. Se trata, en definitiva, de una familia normalizada, pero con un quebradero de cabeza que se resume en tres palabras: “un banco malo”, como dice él, el mismo que se hizo con la titularidad de las cuatro viviendas del número 22 de esta calle.

Esteban ha recibido estos días un comunicado que parece la estocada definitiva: una propuesta de subida del precio del alquiler. Nada menos que del 33,3%. Sería pasar de los 760 euros actuales a unos 1.100. Él dice que ni hablar. “No vamos a permitirlo, es inadmisible”, confiesa en declaraciones a este periódico.

Enfrente del primero B, donde reside la familia, vive su suegra de 87 años, que enviudó hace unos meses. El contrato, que finalizó en octubre de 2020, estaba a nombre de su marido. Ella siempre ha pagado la cuota, pero como no le han renovado el alquiler, ni siquiera puede empadronarse en su hogar, por lo que “se encuentra en situacion irregular”, ante el temor de que pueda llegar la fecha del desahucio.

El contrato de Esteban también vence en septiembre de este año. Los problemas, según explica el afectado, comenzaron hace dos años con las cartas que llegaban desde la sede judicial. “Nos citaron, advirtiéndonos de que teníamos que hacer el pago de la mensualidad en el juzgado. No entendíamos nada. Nunca se nos llegó a decir lo que pasaba, hasta que un día saltó la liebre. Una trabajadora del juzgado nos comunicó que otra entidad había pasado a ser la titular”, rememora el afectado.

En torno a la problemática del número 22 de la calle Egia se ha creado una asamblea de vivienda, cuyos integrantes ofrecieron ayer una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Donostia. En el barrio hay unas siglas con las que comienzan a familiarizarse: SAREB. Se trata de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria. En otras palabras, el “banco malo” al que alude Esteban, el mismo que mantiene el pulso con el vecindario de las cuatro viviendas. Esta entidad y una de sus principales gestoras, Haya Reale Estate, amenaza con impulsar procesos de deshaucio a medida que se extingan los contratos actuales, según denuncian los afectados.

Domínguez admite que los dos últimos años han estado “plagados de incertidumbre, sin poder descansar bien”. Tras la primera citación judicial, en mayo de 2019, fueron sometidos a un juicio rápido en el que tuvieron que acreditar que la vivienda era su morada. “El juez nos dio la razón, pero a partir de ahí SAREB lo que hace es dejarte vivir en el piso hasta que acabe el contrato para después echarte. Es lo que quieren hacer con personas como mi suegra, mayor, dependiente, a la que todos estos temas se le escapan”, confiesa. “Es un chantaje, una manera de decirte que te vayas. Estamos hablando de un banco malo subvencionado en un 25% con dinero público. Por ahí no vamos a pasar. Que te digan que te suben un 33% ya me dirás”.

El sindicato de inquilinos de Donostialdea y la asamblea de vivienda Egia 22 llamaron ayer a movilizarse el próximo 30 de abril en Donostia para pedir a SAREB que renueve los contratos de los vecinos en las mismas condiciones de las que gozaban. Arropados por representantes de los grupos municipales de EH Bildu y Elkarrekin Donostia, integrantes de estas plataformas dieron cuenta de una propuesta de acuerdo para acabar con la situación de “incertidumbre” que viven los inquilinos. Denunciaron los “desalojos silenciados en masa” que se llevan a cabo, una “práctica habitual de fondos buitre” en la que ahora también está tomando parte “una entidad pública”.

“Aunque el juez nos dio la razón, te dejan vivir en el piso para echarte una vez que vence el contrato”

Vecino del barrio de Egia