- Un total de 60 medidas concretas activadas por cinco departamentos diferentes del Gobierno Vasco. Es la hoja de ruta dada a conocer ayer por Lakua dentro del nuevo Plan de Justicia Juvenil 2020-2024 dotado con 100 millones. Esta cifra supone 20 millones de incremento con respecto al anterior, en parte por la puesta en marcha de un nuevo centro de menores en Arratia (Bizkaia).
El objetivo como años atrás es la reducción de la delincuencia en Euskadi entre los jóvenes de 14 a 18 años, según especificó en la presentación del plan la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal. Es el quinto documento redactado desde 1996.
La consejera indicó, haciendo un poco de historia, que el modelo “tutelar y paternalista” de justicia de menores ha dado paso a otro que “reconoce las garantías del derecho penal de adultos para las personas menores”. Una nueva visión de la justicia que “contempla los principios acusatorios, de oportunidad, intervención mínima, proporcionalidad e interés superior de las personas menores”, especificó.
Las estadísticas arrojan cifras positivas ya que los menores infractores son una “minoría”, alrededor de 600 al año, y en la mayoría de los casos cometen delitos de robo con violencia e intimidación, hurto, violencia familiar y lesiones.
La evaluación de los planes anteriores revela la paulatina disminución de este tipo de delincuencia y de la tasa de reincidencia global, que se sitúa por debajo del 20%. Estos datos confirman que la labor educativa “está siendo eficaz” al haberse constatado “significativos cambios en la conducta de los menores”, detalló la consejera. Otro aspecto positivo es la consolidación del modelo de intervención en medio abierto y el cada vez mayor uso de la conciliación y reparación frente a las medidas firmes.
Así, el centro educativo de Ibaiondo en Zumarraga dispone actualmente de 39 plazas. Aquí se acogen a menores de edad infractores que deben cumplir una medida firme o cautelar de internamiento, las más restrictivas. Gipuzkoa cuenta también con servicios de medio abierto, como es el caso del centro de día Ireki (18 plazas), y el equipo integrado por ocho personas para velar por el cumplimiento de libertades vigiladas y prestaciones en beneficio de la comunidad.
De los 100 millones presupuestados, tres cuartas partes se destinarán a la red de centros, y otros 7,5 millones servirán para cubrir su seguridad. Una partida de 10,6 millones sufragará el trabajo de los 33 profesionales de los equipos psicosociales y se invertirán 11,7 millones en la cobertura de los programas de los servicios de medio abierto, para el cumplimiento de las medidas que se adopten pero sin internamiento. El plan afectará a varias áreas. “Muchas” de las iniciativas, compromisos y planes del Ejecutivo de Urkullu “tienen una incidencia directa en el éxito de la justicia juvenil”.
“El modelo reconoce las garantías del derecho penal de adultos para las personas menores”
Consejera de Justicia
