- Aunque el fallo del Tribunal Supremo no afecta a la norma en vigor, por la que los vehículos pesados que circulan por la N-I y la A-15 lo hacen bajo régimen de pago, la sentencia del Tribunal Supremo anulando la primera norma foral es un jarro de agua fría para la Diputación, un duro e inesperado golpe por cuanto se creía que el alto tribunal, a diferencia de las resoluciones del TSJPV, tendría en cuenta el aval de Europa al sistema de canon implantado en estas dos importantes vías de Gipuzkoa.

A la hora de no admitir los recursos de casación interpuestos por las Juntas Generales y la Diputación, el Supremo hace suya la razón esgrimida por el Superior vasco para cargarse la primera de las normas. Es decir, que el modelo de peaje es discriminatorio con los camiones de fuera de Gipuzkoa. "El canon de utilización de diversos tramos de las carreteras de alta capacidad, como el establecido en el Territorio Histórico de Gipuzkoa por la Norma Foral controvertida, que grava en mayor medida los tramos de salida y de entrada al citado territorio, así como a los vehículos pesados de más de 12 toneladas, incurre en una discriminación indirecta por razón del origen o destino de la operación de transporte, prohibida por el artículo 7.3 de la Directiva 1999/62/CE", dice la sentencia.

La Diputación no comparte un fallo que no modifica la situación actual, por cuanto tras la sentencia que emitió el TSJPV el 9 de abril de 2018, ese mismo año pero en noviembre se aprobó en las Juntas Generales un nuevo sistema que modificaba aquellos aspectos que, se entendía, salvarían futuros recursos. Algo que no ocurrió, por cuanto el año pasado, el 26 de mayo, otra vez el TSJPV volvió a fallar en contra de la segunda norma foral. Y el argumento volvió a ser el mismo, que esta segunda norma discrimina también al tráfico exterior.

Por eso, la sentencia de ayer no augura nada bueno para la suerte de una norma que venía a subsanar los aspectos criticados por el Superior de Justicia vasco respecto al primer decreto y, también en este caso, con informes favorables de la Comisión Europea. La regulación recogida en la segunda norma foral de peajes se encuentra a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie definitivamente.

Aintzane Oiarbide, la titular del Departamento de Infraestructuras Viarias, mostró ayer su asombro ante la falta de cuestión prejudicial por parte del alto tribunal a las instancias europeas ya que, al ser una legislación europea, "suele ser habitual que se consulte a la comisión y en este caso no se ha realizado". La diputada recordó que "la propia Comisión Europea, conociendo nuestra Norma Foral y habiendo dictaminado favorablemente el informe que ésta debe emitir, no ha actuado en contra de la implantación del peaje en ningún momento". De ahí las esperanzas de un fallo favorable, "porque no solo la Diputación y las Juntas Generales, sino también las instancias europeas avalan la postura de que no es una norma discriminatoria".

Oiarbide anunció que la Diputación analizará minuciosamente el veredicto del alto tribunal, pero sin dejar de cobrar a los camiones mientras tanto.

En contra del peaje se han expresado desde el principio tanto los sindicatos del transporte como las patronales. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España Fenadismer, que difundió la sentencia, consideró que el fallo significa la "eliminación y supresión de los peajes" en Gipuzkoa, al que achacan una motivación recaudatoria. Este fin nunca se ha ocultado, pero el objetivo de obtener recursos por esta vía siempre ha sido el de reinvertirlo en el mantenimiento de la N-I, que soporta un tráfico internacional que se calcula en 12.000 vehículos pesados al día. El impacto de este tráfico en la vía genera un gasto a las arcas públicas que las instituciones entienden que no puede correr a cuenta de los contribuyentes guipucoanos. El peaje responde al esquema el que usa paga .

El Tribunal Supremo, que tiene pendiente el fallo sobre la regulación vigente, hace suyo el argumento principal del TSJPV