- Los servicios jurídicos del Gobierno Vasco han dado su visto bueno a la elaboración de una Ley Antipandemia que permita regular la gestión del Ejecutivo en situaciones de crisis de salud pública como la actual como consecuencia del coronavirus, una posibilidad que estudia el lehendakari Iñigo Urkullu al agotarse todas las herramientas jurídicas que permite el estado de alarma después de que el TSJPV anulara, de forma cautelar, el cierre de la hostelería en municipios en zona roja.
El Ejecutivo de Urkullu ha encargado un informe jurídico sobre la idoneidad y viabilidad de esta normativa, que ahora será remitida a los grupos políticos con representación en la Cámara vasca ya que su tramitación corresponde al Parlamento. “El informe nos dice que elevar las medidas para luchar contra la pandemia a rango de ley otorgaría una mayor seguridad jurídica a las mismas”, subrayó ayer la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. La consejera no adelantó si será el Gobierno Vasco el que impulsará la ley o lo dejará en manos de los grupos de la Cámara, ya que primero quieren conocer “si hay voluntad y consenso para que las cosas vayan más rápido”. Su aprobación, en cualquier, caso está garantizada gracias a la mayoría que ostentan PNV y PSE en el Parlamento Vasco.
El informe, elaborado por el Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco, subraya que la actual pandemia requiere de “respuestas urgentes que deben adoptarse en un contexto complejo en el que confluyen diferentes circunstancias”, entre ellas la dificultad de mantener el equilibrio entre salud pública y evitar daños irreparables al tejido social y económico, el hecho de tratarse de un marco temporal y excepcional, la necesidad de cambio y revisión permanente para responder a una situación altamente inestable, “o la revisión judicial, especialmente intensa por estar vinculada a consideraciones en relación con derechos fundamentales”.
En lo relativo al marco legal, los servicios jurídicos han concluido que esta ley puede ser “un instrumento práctico, influyente y útil”, defendiendo que la primera línea de actuación debe corresponder al Gobierno Vasco, “por sus competencias, experiencia y sostén legal para actuar de forma rápida y efectiva”.
Así, entienden que se pueden articular un mayor abanico de medidas, más allá del marco jurídico que establece el estado de alarma decretado por el Gobierno español. “Es posible contemplar una ley que atienda a las necesidades de la CAV respetando la regulación estatal”, subrayó Garamendi. “Puede ayudar a reducir los márgenes de interpretación de las habilitaciones con las que las autoridades venimos actuando, sin ánimo de polemizar con otros poderes”, en palabras de la consejera.
Las limitaciones de los derechos fundamentales deben ser, advierten los servicios jurídicos, “previsibles, limitadas, necesarias, eficaces y proporcionales, en función de las necesidades de cada momento” y, sobre todo, supervisadas en todo momento por el poder judicial, “imprescindible para controlar su legalidad. El equilibrio de poderes es insoslayable en democracia; no se pretende esquivar a ninguno de ellos, sino facilitar y aclarar la labor de todos ellos”.
