- ¿Y si sale absuelto? ¿Y si le quitan la custodia por un procedimiento judicial abierto que finalmente se cierra sin revelar circunstancia grave alguna? Sobre el papel, es algo que puede ocurrir atendiendo a la propuesta de modificación de la ley vasca de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, que se aborda hoy en el Parlamento Vasco.

EH Bildu propone impedir que los padres que estén inmersos en procedimientos judiciales por supuestos de violencia de género puedan ejercer la guardia y custodia. Con abrirse el expediente sería suficiente, aunque en esa fase inicial del proceso no se conozca si hay o no reproche penal.

La coalición abertzale sostiene que desde que se crearon en Euskadi los órganos judiciales especializados en esta materia no se ha avanzado lo suficiente, por lo que hay que redoblar esfuerzos. "En más del 99% de denuncias se constata que ha existido un episodio de violencia, y por encima de toda consideración está el interés superior del menor", defiende Oihana Etxebarrieta, representante del grupo parlamentario EH Bildu, quien además presentó en septiembre del año pasado la propuesta.

Censura que actualmente la custodia "sea de obligado cumplimiento a pesar de mediar violencia machista", y asegura que las denuncias falsas "son ínfimas". "Lo que sí sabemos es que los menores que se ven inmersos en episodios de violencia machista se usan como arma arrojadiza, con padres que se valen de la guardia y custodia para atacar a sus parejas", advierte Etxebarrieta.

La exposición de motivos suscita cierta controversia entre la judicatura en algunos de sus apartados. Los magistrados admiten que las iniciativas de mejora de la ley siempre son buenas, pero "deben ser ponderadas a las necesidades que tiene la generalidad de la ciudadanía". De ahí que compartan el fondo de la iniciativa, aunque no la literalidad de las formas. Defienden que es más idóneo adoptar "medidas adecuadas a cada caso", y no privar por sistema a un progenitor de ver a su hijo cada vez que se interpone una denuncia.

"El problema de las cuestiones legales que establecen automatismos es que no permiten ajustar al caso concreto la regla general de la ley. Y de ahí se pueden producir situaciones que vulneran derechos fundamentales", sostiene Edmundo Rodríguez Achútegi, magistrado de la Audiencia de Bizkaia y coordinador de la Comisión de Derechos Civiles de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia.

El magistrado observa que la ley vasca actual permite ponderar cada circunstancia. "Hay que señalar bien claro que en los casos en los que se detecta una situación de gravedad por posibles malos tratos a menores, no se dan custodias paternas. En cambio, cuando no se aprecia o no existe la gravedad que justifique esta medida, no se está privando". De lo contrario, en su opinión, "se puede llegar a ocasionar un daño irreparable".

Tampoco se ve clara la propuesta en el seno de Kidetza, la Federación vasca para el Apoyo Integral en las Crisis Familiares. "Manifestamos nuestra oposición a la modificación de los artículos 3, 9 y 11 en los términos que plantean por considerar que atenta contra la presunción de inocencia de los varones y entender que los intereses y seguridad de los menores a día de hoy están protegidos", dice su presidente, Juan Pablo Pousibet.

El portavoz de esta federación comparece este martes en la comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco, durante una sesión en la que también intervendrá, entre otras, Maite Peña, diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa.

A las puertas del 8-M, nadie pone en duda que la violencia contra las mujeres y hacia los menores "es una lacra" que exige una respuesta institucional y social sin fisuras. El debate se centra más bien en consensuar los mecanismos necesarios para ello. ¿Se está haciendo todo lo posible? La coalición abertzale observa que hoy por hoy "la ausencia de perspectiva de género en la Administración de Justicia está desembocando en fatídicas consecuencias para los niños".

Se ha comprobado, detalla en su exposición de motivos, que ante la violencia de género "se deja en manos del juez un pronunciamiento de peligro que se traduce, en muchas ocasiones, en la no adopción de medidas de protección". En ese contexto se presenta la propuesta de modificación en los supuestos de separación de los progenitores.

INICIATIVA LEGISLATIVA

La Ley actual, de 30 de junio de 2015, fue registrada como una Iniciativa Legislativa popular avalada por 85.000 firmas e impulsada por la Federación Kidetza. Una ley nacida de una demanda social, que se venía pidiendo desde años atrás, pero que a ojos de la coalición aber-tzale ha quedado caduca.

El magistrado Rodríguez Achútegi sostiene que, de quitar la custodia sin excepción e impedir incluso el régimen de visitas una vez que se interpone una denuncia, se generaría un problema. "Si el curso de la investigación desemboca en una resolución absolutoria, se ha estado privando durante todo el procedimiento penal a una persona de un derecho que tenía, y al menor de la posibilidad de comunicar con su progenitor". Se corre el riesgo, añade, de que "se instrumentalicen las denuncias, cuya única intencionalidad sería precisamente esa".

Pero la coalición abertzale considera que "el sistema judicial asume, en cierta manera, una paternidad violenta, exenta de responsabilidades". A su modo de ver, "goza de derechos absolutos, concediéndoles la posibilidad de ejecutar el derecho de visitas, acceder a la guardia y custodia compartida, incluso con medidas de protección vigentes".

El presidente de Kidetza se muestra sorprendido con esta afirmación. Asegura que contrasta con algunas de las conclusiones de la memoria de la Fiscalía del País Vasco de 2020. "En general, las medidas de protección que se adoptan con relación a la violencia de género resultan eficaces, puesto que, si bien es cierto que se dan en determinados casos quebrantamientos de las mismas, estos resultan ser un porcentaje bajo en relación a las medidas adoptadas", según recoge el texto.

De salir adelante la propuesta de modificación legal, "se dejaría sin recursos ni maniobra a los jueces de instrucción, además de dejar sin voz a fiscales y a los propios menores cuando estos sean maduros para poder prestar declaración", sostiene Pousibet. La modificación de los artículos tal y como se plantean, añade Kidetza, "solo conseguirá criminalizar al padre ante su hijo y la sociedad, sea este culpable o no, es decir, menoscabando el principio de presunción de inocencia, pero únicamente de los progenitores varones". Pousibet, como también señalan fuentes de la judicatura, piensa que las denuncias podrían convertirse en una estrategia más en los divorcios contenciosos, "hecho que iría en detrimento de las víctimas de violencia doméstica y de género".

"Más de un 99% de las denuncias son ciertas, y debe prevalecer el interés del menor"

Parlamentaria de EH Bildu

"Hay que estudiar cada caso porque si no se pueden vulnerar derechos fundamentales"

Magistrado de la Audiencia de Bizkaia

"Los términos que plantean atentan contra la presunción de inocencia de los varones"

Presidente de la Federación Kidetza