DONOSTIA. El Gobierno Vasco atiende anualmente a cerca de 5.000 menores que son víctimas o testigos en procedimientos judiciales en Euskadi por estar involucrados en procesos dolorosos de divorcios disputados, violencia machista, violencia familiar o acoso escolar.
El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha ofrecido estos datos durante la inauguración de un Curso de Verano de la Universidad del País Vasco, titulado "menores víctimas y testigos en los procedimientos judiciales".
Erkoreka ha valorado la labor desarrollada por el Equipo Psicosocial Judicial del Gobierno Vasco, un grupo experto compuesto por más de treinta profesionales del ámbito de la psicología, el trabajo social o la educación.
El consejero ha explicado que en 2015 este equipo atendió a 9.549 personas, de las cuales 4.378 eran menores de edad y el resto, en su mayoría, familiares y otras figuras significativas del entorno de estos niños y adolescentes como sus tutores, profesores o allegados.
El Gobierno Vasco invierte anualmente cerca de 650.000 euros en este servicio que, entre otras funciones, tiene asignada la atención y protección de los menores desde el primer momento en el que se ven inmersos en un proceso judicial.
De esta manera se ocupan, por ejemplo, de preparar y facilitar su declaración ante los tribunales, evitar su doble victimización, realizar evaluaciones psicológicas sobre su situación, asesorar a los jueces y fiscales sobre las mejores fórmulas para su protección, y asistirles y acompañarles en casos complejos de divorcio sin acuerdo, malos tratos, violencia y protección de menores.
Además, en 2015, este servicio recibió de los juzgados vascos 3.092 solicitudes de evaluación psicosocial sobre menores y sus familiares.
Erkoreka se ha referido al "interés superior de la persona menor" que, según ha explicado, ha sido plenamente asumido por el "legislador" como se demuestra en la ley vasca de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de los progenitores, aprobada en 2015 en el Parlamento Vasco.
Ha precisado que esta norma consta de trece artículos, en siete de los cuales se incluyen una o varias referencias al interés superior del menor tanto para inspirar "reglas generales como para justificar excepciones".
La diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha asegurado que cada vez hay más menores involucrados en procesos judiciales lo que obliga a las instituciones a poner todos los medios a su alcance para garantizar el respeto a todos los derechos que les asisten lo que requiere "intervención especializada".
Ha indicado que en estos momentos en Gipuzkoa hay además un total de 661 niños bajo la tutela de la Diputación Foral.
En la inauguración de este ciclo estival ha intervenido asimismo la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, quien ha recordado que el plan de acción de la cumbre mundial a favor de la infancia del 30 de septiembre de 1990 ya expresó que "no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño".
Biurrun ha asegurado que "estamos ante una administración de justicia" a la que hay que exigir que sea "cada vez más humana, más democrática, más justa y hacedora de derechos humanos" lo que requiere la aportación activa de todos los agentes involucrados con el fin de poder contar con "una justicia buena, eficiente y fiable".
Éstas son algunas de las cuestiones que se analizarán durante tres días en este Curso de Verano en el que también se trabajará, a través de casos prácticos, situaciones sobre las vivencias que presentan los niños en los conflictos familiares o la violencia intrafamiliar.
