- Trabajadores interinos de la Administración Pública denunciaron ayer la "discriminación" que sufren desde "hace décadas" y pidieron, entre otras cuestiones, que se posponga la ejecución de toda oferta de empleo público que afecte a sus plazas hasta que se adopten medidas para "la detección del fraude en la contratación".
La Plataforma Estatal de Temporales Públicos en Fraude de ley llevó a cabo ayer movilizaciones en varias ciudades del Estado -entre ellas Donostia- para denunciar "el abuso sufrido todos estos años" y el exceso de la temporalidad en el sector público. Lamentan que sufren "una situación laboral discriminatoria" a la que, según advirtieron, están sometidos "desde hace décadas".
"Los trabajadores públicos temporales nos sentimos totalmente desprotegidos por parte de nuestro gobierno y nuestras administraciones, mientras el resto de los empleados públicos temporales europeos están amparados frente al abuso de temporalidad por la Directiva 1999/70, cuyo objetivo no se está cumpliendo en España", señalan en una nota de prensa.
Tras sostener que no quieren "más contratos en fraude", ni ser despedidos "sin derecho alguno después de años entregados al servicio público", reclaman que "se cumpla la ley, al igual que en el empleo privado".
"Para que podamos continuar en nuestros puestos de trabajo, máxime después de haber superado procesos selectivos que acreditan mérito y capacidad e igualdad, como exige nuestra Constitución, y de haber entregado los mejores años de nuestras vidas en pro de un servicio intachable a los ciudadanos", añaden.
Por todo ello, reclaman que se deje "de falsear y manipular la información a la opinión pública", ya que no son "enchufados que han entrado a dedo ni privilegiados".
"No hemos accedido a la administración por la puerta de atrás, sino por la principal, y con actas que lo atestiguan; da igual el tipo de proceso selectivo, entrevista, bolsa de trabajo, oposición... Somos los que cubrimos los puestos que nadie quiere, los de los peores horarios y guardias, los peor localizados geográficamente y en los lugares más problemáticos a donde no quiere ir nadie", inciden.
Por todo ello, reclaman que la administración pública "cumpla el Derecho europeo, comprobando cada relación temporal, para determinar si incurre en un abuso de temporalidad".
