La diputación adopta 25 medidas para equilibrar la seguridad y el bienestar emocional en las residencias

Las conclusiones de este informe, así como las recomendaciones llevadas a cabo fueron presentadas ayer en las Juntas Generales por la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, quien compareció acompañada por los autores de dicho estudio, Alejandro Gómez y Javier Castro.

Según explicó Peña, se han adoptado 25 medidas “urgentes y complementarias” con el objetivo de “buscar el equilibrio entre la seguridad y el bienestar emocional de los y las residentes”. Estas medidas contarán con una inversión de 25 millones que se sumarán a los 14 millones ya gastados al inicio de la pandemia, por lo que la Diputación ha invertido 39 millones en hacer frente a las consecuencias del coronavirus en los recursos sociales del territorio.

Entre las decisiones tomadas, destaca el incremento de ratios de atención en las residencias, con un incremento medio de alrededor del 10%. En este sentido, se financiarán y se dispondrán de un total de 417 plazas vacías (9,2% del total) para “facilitar aislamientos” en los propios centros y “reforzar los ratios”. Esto supondrá tener “275 trabajadores más” para reforzar la atención de los usuarios de las residencias, lo que supone “18 minutos diarios más de atención por cada residente”. De estos 275 trabajadores, 214 serán en la atención directa y el departamento de Políticas Sociales estima que invertirá 12 millones en esta medida.

Además, la diputada recordó que este año se han incrementado con carácter retroactivo las tarifas de los centros residenciales en un 1,7%, “lo que repercutirá en el incremento de los salarios de la plantilla en un total de tres millones”.

Entre las recomendaciones efectuadas, la Diputación tiene en cuenta que durante muchos meses ha primado la seguridad por encima del bienestar emocional de los residentes, lo que ha repercutido directamente en el contacto que estas personas han podido mantener con sus familias.

Por eso, de cara a las próximas fiestas de Navidad, se va a duplicar el número de personas que participarán en las visitas. Además, se seguirán fomentando las salidas al exterior aprovechando los espacios “seguros” que se han creado en parques, paseos y plazas colindantes a las residencias de ancianos. Asimismo, se reforzará el contacto telemático entre usuarios y familiares, todo ello con el objetivo de “mejorar el bienestar de las personas mayores, y para paliar los efectos que la pandemia está teniendo y para fomentar su bienestar físico, emocional y relacional”.

Conscientes de que la falta de información también genera desasosiego entre usuarios y familias, la Diputación va a reforzar la comunicación con las familias y los representantes de los trabajadores, así como con los responsables de los centros, con la meta de “avanzar hacia un modelo de gobernanza más participativo y colaborativo”. Además, se activará un nuevo “sistema de evaluación participativo” dirigido a usuarios y familiares.

Pero entre las decisiones adoptadas también se encuentran aquellas dirigidas a mejorar la situación en la que se encuentran las trabajadoras de los centros. En este sentido y en primer lugar, a fin de reforzar la protección de los profesionales del sector, la Diputación adquirirá 30 millones de unidades de protección (EPIs, mascarillas, guantes, etc.) que se suministrarán bimensualmente en todos los centros a lo largo de 2021.

Además, se seguirá profundizando en la detección precoz del virus con mapeos preventivos y pruebas masivas de PCR entre usuarios y trabajadores, que han pasado de 800 semanales a alrededor de 5.000, y también se incluirán pruebas de antígenos.

Peña recordó que el objetivo de todas las medidas que se han adoptado hasta la fecha, y las que están previstas, tienen como objetivo “avanzar hacia una vida cada vez más normalizada dentro de las residencias”. Estas se ubican en el Plan de Choque activado en marzo, así como en el marco del Sistema de Vigilancia y Alerta, dos herramientas que se encuentran, según recordó la titular de Políticas Sociales, “en constante revisión y adaptación, en base a lo que nos pide esta situación tan cambiante y de tanta incertidumbre”. Y, a su vez, subrayó que es “vital” seguir profundizando en la prevención y trabajando desde la responsabilidad y la prudencia.

Finalmente, Peña recordó que en Gipuzkoa llevamos años inmersos en una reflexión para reformular el modelo de atención que se ofrece a las personas mayores. Y aunque todos los estudios realizados hasta el momento recomiendan encaminarse hacia un modelo de atención en el propio domicilio, es necesario dar una respuesta a aquellas personas que son usuarias de las residencias. En este sentido, defendió que la pandemia ha supuesto un acelerón en la implantación del modelo de atención centrado en la persona. “Las personas no se tienen que adaptar al centro, sino el centro a las personas. Tanto la familia como la propia usuaria tienen que sentir que acceden a un nuevo domicilio, no una residencia institucionalizada”, subrayó.

Reforzar la atención, disponiendo de 417 plazas vacías para aislamientos y reforzar los ratios.

Refuerzo de la plantilla con 275 trabajadores, de los cuales 214 serán para atención directa.

Las tarifas se han incrementado un 1,7%, que repercutirán directamente en tres millones para mejoras salariales.

Revisar los planes de visita para adaptarlos a cada centro.

Ofrecer recursospara disminuir riesgos (carpas y soluciones similares).

Visitas virtuales: adecuarlas a los centros e incluir mejoras.

Crear zonas seguras en plazas, parques y paseos públicos contiguos a las residencias.

Elaboración de un programa para mejorar el bienestar de los residentes.

Crear grupos de contraste entre residentes y agentes del sector para la toma de decisiones.

Planes de evaluación participativos dirigidos a residentes y familias.

Implantación de un canal de comunicación participativo entre las familias y la Diputación.

Apostar por la atención centrada en la persona en toda la red foral de residencias.

Adquisición de 30 millones de unidades de material de protección individual.

Reforzar los mapeos preventivos y las PCR.

Aumentar el número de pruebas realizadas a los trabajadores.

Incluir la realización de los test de antígenos.

Asesoramiento conjunto y continuo de la Inspección del Departamento con los equipos sanitarios del Gobierno Vasco.

Suministrar ayuda física y emocional a los trabajadores.

Programa de formación para el personal de las residencias.

Aprobación de una línea de inversión para obras de adecuación de los centros al COVID-19.

Promover la investigación para la creación de entornos amigables, accesibles y seguros en las residencias.

Preparar zonas COVID en centros residenciales.

Consulta en los comités de ética los criterios y protocolos para paliar situaciones de vulneración de derechos de los usuarios.

Campaña de comunicación y sensibilización dirigida a las familias sobre medidas y seguridad del COVID-19.

Diseñar y aprobar una metodología de reflexión sobre el futuro del modelo de atención residencial basado en la persona.

La contratación de 275 trabajadores permitirá que cada día se dediquen 18 minutos más de atención a cada usuario