La ayuda a domicilio reclama atención y más seguridad

Es el caso de Donostia. O al menos así lo asegura el sindicato Asade que transmitió a NOTICIAS DE GIPUZKOA su reivindicación de que “se informe sobre la situación de ayuda a domicilio del mismo modo del que se informa de lo que ocurre en las residencias”.

Según Asade, en la actualidad el número de bajas en la plantilla es muy importante y su situación está resultando complicada porque, informa el sindicato, la información de la empresa Aztertzen, adjudicataria del servicio en Donostia, hacia las auxiliares no está siendo la adecuada, lo que les obliga a asumir situaciones de riesgo innecesario.

Puestos en contacto con algunas auxiliares que prestan su servicio en Donostia, donde se atiende a cerca de 1.500 usuarios, este periódico ha podido saber que en algunos casos las respuestas de las trabajadoras ante situaciones de riesgo han conllevado una sanción por parte de la empresa que, según Asade, “está más preocupada por facturar que por garantizar la seguridad de las auxiliares”.

En algunos casos, según el sindicato, la empresa ha llegado a presionar a la auxiliar para que siga en su trabajo sin atender al protocolo establecido por Osakidetza.

Asade reconoce que cuando la empresa tiene conocimiento previo de que uno de los usuarios ha dado positivo en la PCR sí se dota a la auxiliar de las medidas de protección personal (EPI) necesarias, aunque en este aspecto se puede también mejorar, ya que en muchos hogares no hay un “punto limpio” en el que se puedan cambiar y asear. Esto resulta fundamental si se considera que una auxiliar presta atención en varios hogares, y pude pasar de uno con COVID a otro en el que no lo hay.

“Entendemos que una auxiliar no puede regresar al trabajo tras haber tenido contacto con un positivo, sin saberlo previamente y sin haber tomado medidas oportunas, si no pasa por un proceso de aislamiento y se aplica todo el protocolo de Osakidetza. Pero ocurre que la empresa está presionando para que vuelva, incluso con amenazas de sanciones”, abundan desde el sindicato.

Recientemente una trabajadora que se reincorporaba de una baja médica, no relacionada con el COVID, se dirigió a la empresa para negarse a efectuar un servicio en un hogar con positivos, al pertenecer ella a un colectivo de riesgo. La empresa, explican, le apercibió de sanción y suspensión de salario por varios meses si no realizaba este servicio.

Otro caso al que ha tenido acceso NOTICIAS DE GIPUZKOA es el de una auxiliar que acompañó a una persona usuaria del servicio al autobús que le llevaba al centro de día. A su regreso, el conductor del vehículo avisó a la auxiliar de que había sido enviado a casa, por presentar un cuadro compatible con COVID, hecho que no le fue notificado por la empresa, que llegó a llamar al centro de día para quejarse porque el conductor hubiera informado a la trabajadora de lo ocurrido.

“Es importante que exista una mayor fluidez de información para evitar que las auxiliares se infecten. Estamos hablando de su salud, pero también de la de los usuarios del servicio”, subrayaron desde Asade.