- Stop Desahucios y los colectivos Alokairu Benta Berri e Inquilinos de Azora mantuvieron ayer una reunión telemática con representantes del Gobierno Vasco de la que, pese a que se dio “algún avance en algún tema concreto”, salieron “con la misma sensación de preocupación que teníamos antes de empezar”.
En un comunicado, explicaron que cada grupo expuso su problemática en este encuentro, que se celebró online y que terminó con el acuerdo de las partes de “la necesidad de mantener las vías de diálogo abiertas”.
Stop Desahucios denunció la problemática de Benta Berri, en la que las viviendas construidas en suelo público, tras concluir los periodos de alquiler protegido, pasan a manos privadas. Una realidad que además se extiende a más promociones del territorio guipuzcoano, como Zapategi de Lasarte-Oria, cuyos inquilinos se enfrentarán a importantes subidas del alquiler en agosto del próximo año, cuando termine la etapa de protección.
Sobre las viviendas de Donostia, Alokairu solicitó la intermediación del Ejecutivo de Gasteiz “frente a las amenazas, coacciones, intentos de desahucio y falta de interlocución con el fondo Blackstone”.
“El Gobierno Vasco asegura que esa intermediación ya se está dando y confirma que Blackstone pretende mantener el alquiler hasta 2028, pero luego se desconoce qué va a pasar”, señaló Stop Desahucios.
Por otro lado, la asociación señaló que los representantes del Ejecutivo reconocieron que “no ha intervenido en nada ni prevén hacerlo” en “la problemática de Inmobiliaria Vascongada Azora” al tratarse de viviendas privadas.
Asimismo, destacaron que los contratos de Azora se renuevan mes a mes “con la gran incertidumbre que esto genera” y pidieron que informen de estas situaciones a los partidos que integran los gobiernos vasco y central para que “de algún modo” se regule la ley con el fin de dar “mayor estabilidad a los contratos”.
