La situación se recrudece al registrar nueve CCAA récord de contagios en un día

Valencia y Baleares se suman a la petición de que se decrete el estado de alarma

25.10.2020 | 01:33
Dos jóvenes regresan a su casa, en una conocida zona de ocio de Valencia, poco antes de la entrada en vigor del toque de queda.

madrid – La situación sanitaria en España se va complicando un poco más cada día que pasa a causa del avance imparable de la pandemia del coronavirus.

Con la vista puesta en el Consejo de Ministros extraordinario que el Gobierno va a celebrar hoy, y en el que se aprobará el estado de alarma, las comunidades autónomas comunicaron ayer a Sanidad sus cifras de contagio por COVID-19 de las últimas 24 horas. Ocho comunidades y la ciudad autónoma de Melilla presentaban un rasgo en común: todas ellas registraban cifras récord, las más altas de las anotadas por sus administraciones desde el inicio de la pandemia.

Así, batieron sus propios récords de contagio Catalunya, con 6.073 nuevos casos contabilizados; Castilla y León (2.015), Comunidad Valenciana (1.609), Aragón (1.345), la CAV (1.212), Murcia (924), Galicia (687), Extremadura (500) y Asturias (381). Melilla sumó 111 nuevos positivos en la última jornada. Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid no actualizan sus datos los fines de semana.

Los datos se hicieron públicos en una semana en la que ya se han alcanzado máximos de positivos en las notificaciones diarias del Ministerio de Sanidad, que no actualiza la información los fines de semana.

El viernes, Sanidad notificó 19.851 positivos más que el día anterior. El país avanza hacia un nuevo estado de alarma que proporcione a los gobiernos regionales los instrumentos que necesitan para adoptar medidas que restrinjan la movilidad y tratar así de frenar la expansión de esta segunda ola del virus.

dos nuevas peticiones Por su parte, ante la tendencia al alza registrada en la cifra de contagios, la Comunidad Valenciana y Baleares solicitaron ayer al Ministerio de Sanidad que les incluya en el decreto de nuevo estado de alarma para disponer de amparo a la hora de establecer "restricciones excepcionales adicionales para frenar la propagación del COVID-19".

Así, la petición de la Comunidad Valenciana y de Baleares se suma a las planteadas el viernes al Gobierno por la CAV, Asturias, Extremadura, Navarra, Catalunya, La Rioja, Castilla-La Mancha y Cantabria, así como a la de Melilla.

Catalunya, por su parte, se plantea aplicar un toque de queda nocturno que se prolongue de las 22.00 a las 6.00 horas, y prepara además una batería de medidas complementarias que quiere poner en marcha cuanto antes, según dijo ayer la consellera de Salud, Alba Vergés, y el de Interior, Miquel Sàmper.

Pero, como reconoció la portavoz del Govern, Meritxell Budó, la opción del confinamiento es una posibilidad "que se pone encima de la mesa en función de cómo avancen los datos epidemiológicos".

Bajo el estado de alarma, añadió, la Generalitat sería "la autoridad delegada competente" y se preservarían sus competencias: "La voluntad es que sea un estado de alarma absolutamente diferente a lo que se aplicó en marzo, que fue recentralizador".Paralelamente, las comunidades que han optado por diseñar su propia alternativa fueron publicando ayer sus respectivas órdenes con sus medidas para doblegar esta segunda curva.

Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde hasta el 9 de diciembre regirá un toque de queda que supondrá que entre la medianoche y las seis de la mañana solo podrán transitar por la calle quienes vayan a trabajar, tengan una urgencia médica o se desplacen para atender a personas dependientes. También se ha impuesto la limitación a un máximo de seis personas en las reuniones sociales y familiares.

Castilla y León también publicó su propia orden por la que se limita parcial y temporalmente la libertad de circulación de las personas en la comunidad por motivos "muy graves" de salud pública, a través de un toque de queda que se aplica desde ayer y durante al menos dos semanas, desde las 22.00 hasta las 6.00 horas.

Por su parte, Aragón insistió en que aceptarán cualquier decisión sin detrimento de la vigencia de su propio decreto ley, aprobado el pasado lunes.