Carme Arcarazo miembro del sindicat de llogateres de barcelona

"La pandemia puede provocar una ola de impagos, que no se conviertan en desahucios es cuestión de voluntad política"

17.10.2020 | 23:37
Carme Arcarazo, en el centro, acompañada de Ángela Peinado y Paula Villegas, de los sindicatos de inquilinas de Donostia y Madrid.

Carme Arcarazo es miembro del Sindicat de Llogateres de Barcelona y recientemente estuvo celebrando la creación del Sindicato de Inquilinas de Donostia

donostia – La activista catalana considera clave la unión entre sindicatos para exigir una regulación del precio del alquiler a nivel estatal, así como para hacer frente a los fondos buitre que están tratando de copar el mercado de alquiler, subiendo precios y provocando desahucios invisibles. Un problema muy latente en ciudades como Barcelona o Madrid, pero también en Donostia, donde cada vez hay más casos relacionados con Blackstone y Azora.

¿Cómo fue la reunión con el Sindicato de Donostia? ¿Qué temas se trataron?

–Nos reunimos varios sindicatos de todo el Estado en Donostia para la presentación del nuevo Donostiako Maizterren Sindikatua. Cada vez hay más vecinas movilizadas, más organización sindical de inquilinas que defienden el derecho a la vivienda y un alquiler asequible, estable, seguro y digno. Hasta hace tres años, cuando se crearon los primeros sindicatos de inquilinas, las personas que vivíamos de alquiler nos encontrábamos desamparadas, con una clara desventaja a la hora de negociar con arrendadores, rentistas, fondos buitre o inmobiliarias, así como con una ley que no nos protegía. Fue un encuentro muy fructífero, en el que trazamos líneas estratégicas de movilización y acción sindical. Se acordó también un frente común de los bloques en lucha contra Blackstone y Azora en las ciudades con presencia de Sindicatos de Inquilinas.

Los sindicatos llevan tres años funcionando, pero el problema en la vivienda viene de antes.

–Hace unos años la mayoría de desahucios eran por impago hipotecario, pero en los últimos años hemos visto cómo la burbuja del ladrillo y la crisis de las hipotecas se convertía en una crisis de los alquileres. Esta hiperinflación en los precios del mercado del alquiler no es casualidad, es fruto de un conjunto de políticas públicas. En 2009, se creó la figura jurídica de las SOCIMI: empresas que compran viviendas y las conectan con mercados financieros, pero no eran lo suficientemente atractivas para el capital internacional hasta que llegó el PP al Gobierno en 2012, hizo una reforma y les dio privilegios fiscales, quitándoles el impuesto de sociedades, lo que les dio barra libre para especular sin pagar impuestos. Un año después, se reformó la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos) y los contratos pasaron de tener una duración mínima de cinco años a tres, además de quitar otras garantías a quienes vivimos de alquiler. Las viviendas que quedaron vacías tras la crisis hipotecaria fueran absorbidas por el mercado de alquiler. Y ahí es donde entran los fondos buitre, que compran paquetes de deuda e hipotecas fallidas. Utilizan la figura de las SOCIMI para no pagar impuestos y se crea esa política de rotación según la cual puedes sacar a los inquilinos cada tres años. Su objetivo es sacar la máxima rentabilidad mediante subidas abusivas. Siete de cada diez desahucios son de alquiler. Desde 2013, el precio medio del alquiler ha aumentado un 50% y muchas familias en el Estado español dedican más de la mitad de los ingresos a pagar el alquiler, mucho más de lo que recomienda Naciones Unidas, que es el 30% (incluyendo los suministros).

¿Cuántas propiedades pueden tener los fondos buitre en España?

–En solo siete años, los fondos buitre y las SOCIMI se han hecho con alrededor del 5% del mercado de alquiler. Blackstone, por ejemplo, se ha convertido en el mayor propietario de viviendas del Estado. Son agentes financieros tan grandes que se pueden permitir expulsar a los vecinos a base de subidas abusivas, que la vivienda se quede vacía un tiempo y forzar aumentos del valor del suelo donde operan. Juegan con esa ventaja de que ellos transforman el precio del mercado. La autorregulación del mercado es un mito. Azora cuenta con un total de 13.000 viviendas en todo el Estado. Blackstone, que opera a través de diferentes SOCIMI, ya controla más de 30.000 viviendas en alquiler.

¿No explota la burbuja de los precios de la vivienda?

–El Sindicat de Llogateres (inquilinas) nació con el objetivo de empezar a cambiar las reglas del juego regulando el precio del alquiler y así poner fin a las subidas abusivas, y lo hemos conseguido. El precio del alquiler ha subido en los últimos cinco años treinta veces más que los salarios. La ley de regulación del precio del alquiler que entró en vigor en 60 municipios catalanes hace menos de un mes pone freno a esta subida; en los nuevos contratos de alquiler no te pueden subir el precio del alquiler. Por otra parte, la ley fuerza bajadas moderadas: todos los pisos que estén por encima del precio medio del índice de referencia tienen que bajar al precio de ese índice. Esta regulación para nosotros es de mínimos –nosotros defendemos que el precio debe bajar un 40%– pero es un primer paso hacia la desmercantilización de la vivienda.

¿Ese límite de precios ya se está aplicando o hace falta algún otro trámite legal?

–La regulación de alquileres entró en vigor el pasado 22 de septiembre en Cataluña, está plenamente vigente. Los sindicatos de inquilinas de todo el Estado reclaman que el Gobierno haga suya esta política, blindando la ley catalana, y se extienda al resto de comunidades autónomas. Estamos en ello. La regulación del precio del alquiler forma parte del acuerdo del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, no se entendería que no fuera así. Esperamos que en los próximos meses se apruebe un decreto a nivel español que habilite a las comunidades autónomas a regular el precio del alquiler.

¿El problema de los desahucios va a ser más generalizado debido a la crisis económica que está provocando el COVID-19?

–La crisis ec onómica generada por la pandemia prevemos que va a provocar una ola de impagos, que estos no se conviertan en desahucios es una cuestión de voluntad política. En Cataluña el reinicio de la actividad en los juzgados ha provocado un aumento importante en el número de desahucios. En la primera semana de septiembre, el movimiento por la vivienda tuvo que hacer frente a más de 150 desahucios en Catalunya. Las familias vulnerables no han tenido ocasión de mejorar su situación económica durante la pandemia y mucho menos de encontrar una alternativa habitacional. La moratoria de seis meses aprobada por el Gobierno del Estado paraliza solo los desahucios de familias con procedimientos de impago por causas relacionadas con el COVID-19, pero lo que hace falta es la aprobación inmediata por parte del gobierno central de un decreto que paralice todos los desahucios sin alternativa habitacional digna, como mínimo hasta que la situación de emergencia sanitaria termine.

¿Qué opciones hay para que estas familias tengan una vivienda digna?

–En Catalunya ya existen marcos jurídicos y legislativos que pueden ayudar a disminuir el número de personas que son expulsadas de sus hogares, pero hace falta que se apliquen. La Ley 24/2015 aprobada por la Generalitat obliga a esta administración a garantizar alternativas habitacionales dignas a todas las personas vulnerables que pierdan su hogar. Yendo más allá, a través del decreto 17/19 que se encuadra en la misma Ley, los grandes propietarios tienen la obligación de ofrecer contratos de alquiler social a todos los inquilinos vulnerables antes de hacer efectiva la sentencia de desahucio por impago. Es crucial que las leyes existentes se hagan efectivas y se sancione a quien no la cumple. También es muy importante que se conozca la situación a nivel policial de los últimos desahucios. La nueva estrategia consiste en llegar horas antes del desahucio, acordonar la entrada y localizar a los vecinos que van a parar el desahucio, que se ven expuestos a un nivel de violencia desproporcionada. Nos preguntamos cuál es el coste de cada intervención policial en cada desahucio, cuántos recursos públicos dedicamos a proteger privilegios de los especuladores.

¿Qué hay que hacer para evitar un desahucio?

–Desde el Sindicat de Llogateres intentamos no llegar al punto de la orden de desahucio. Cuando nos llega un caso a la asamblea, ya bien sea de subidas abusivas del precio del alquiler o bien que la inquilina no puede seguir haciendo frente al alquiler por una bajada de ingresos, le decimos: este es tu hogar. Esta estrategia, la de nos quedamos, pasa por investigar muy bien a la propiedad y organizar a los inquilinos de la misma propiedad para que se transforme en una demanda más colectiva. Todo ello con el objetivo de sentarnos a negociar las condiciones para llegar a un acuerdo que se adapte a las necesidades del inquilino. Si no se llega a un acuerdo, entonces se trata de poner el cuerpo y, una vez paramos el desahucio, volver a intentar abrir una negociación con la propiedad.

¿Qué responsabilidad tienen los ayuntamientos en todo esto?

–Los ayuntamientos tienen la capacidad para construir vivienda pública, también tienen la capacidad de actuar como mediador entre la propiedad y el inquilino. Son responsables de sanciones relacionadas, es decir, pueden sancionar a los propietarios que tratan de saltarse la regulación e intentan cobrar más que el anterior contrato.

"Desde 2013, el precio medio del alquiler ha aumentado un 50% y muchas familias dedican más de la mitad de sus ingresos al alquiler"

"En siete años, los fondos buitre y las SOCIMI se han hecho con el 5% del mercado de alquiler en el Estado; ellos regulan el precio de mercado"

"La regulación del precio del alquiler forma parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos, no se entendería que no se hiciera"