- Stop Desahucios Gipuzkoa exigió ayer al Gobierno Vasco que ofrezca “una solución a las familias vulnerables” que viven en los apartamentos dotacionales de alquiler (ADA) de Sagastialde, Hernani, 14 de las cuales deberían abandonarlas a finales de año por vencer su “contrato improrrogable” de cinco años.
La plataforma ciudadana registró ayer un escrito en la delegación territorial de vivienda en Donostia en el que expone la situación de dichos apartamentos y reclama al ejecutivo autonómico que permita a sus moradores continuar residiendo en ellos o les proporcione otro recurso habitacional.
Medio centenar de activistas de Stop Desahucios, encabezados por su portavoz, Rosa García, se concentraron previamente en el quiosco del Boulevard, junto a varios afectados, y explicaron a los medios informativos la problemática que padecen.
García recordó que todos los ADA que hay en Euskadi tienen contratos de arrendamiento temporales, de un máximo de 5 años de duración, pues inicialmente estaban previstos para alojar a jóvenes pero, “debido a la escasez de viviendas sociales de alquiler”, han ido siendo adjudicados a demandantes inscritos en Etxebide “en situación de vulnerabilidad”.
El Servicio Vasco de Vivienda, propietario del inmueble número 19 de Sagastialde Auzoa, con 56 apartamentos de 35 a 40 m2, empezó a finales de 2014 a adjudicar estos pisos a “colectivos con especial necesidad de vivienda”, entre ellos, según citaba la propia orden de adjudicación, personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, familias monoparentales, víctimas de violencia de género y mayores de 70 años.
“Todos los inquilinos de Sagastialde” -precisó el representante de Stop Desahucios en Hernani Jesús Rebollo- cumplían los requisitos, figuraban como solicitantes en Etxebide y “tuvieron que aceptar obligatoriamente estos apartamentos” porque, de lo contrario, “serían excluidos de las listas” del servicio de vivienda e incluso “podían perder” las prestaciones o ayudas que cobraban.
Rebollo indicó que, recientemente, los residentes de 14 de estos pisos “recibieron una carta en la que el Gobierno Vasco” les comunicaba que su contrato no se podía prorrogar y debían abandonarlos, en algunos casos a finales de noviembre próximo y en otros en diciembre.
El ejecutivo autonómico “pone un tope de cinco años y le da igual que la situación” de las familias “sea igual o peor” que la que tenían cuando les asignó las viviendas. “Les quiere poner de patitas en la calle”, denunció.
El activista adivitió que ahora son 14, pero el resto de unidades familiares de Sagastialde seguirá la misma suerte “a medida que vayan cumpliendo los cinco años”.
Agregó que han llevado a cabo diversas “gestiones” en el Ayuntamiento de Hernani y su alcalde “se ha comprometido” a intentar buscar una solución, por lo que confían en que “algunas de estas familias” puedan gozar de “una alternativa habitacional” en breve.
Rosa García subrayó no obstante que “el problema de fondo” reside en que “el parque público de viviendas de alquiler es totalmente insuficiente” y las instituciones usan los alojamientos dotacionales para paliarlo.
Entre los afectados, han comparecido Mari Carmen Sanchiz, jubilada de 79 que tenía un hijo enfermo mental que falleció reciente de COVID-19; y Leire Martín, una joven de 26 con un trabajo “precario” que reside con su madre desempleada de 60.
A la concentración asistieron ediles y junteros de Elkarrekin-Podemos, representantes de los sindicatos LAB, Steilas y ESK, así como miembros de dos asociaciones de pensionistas de Hernani y de Cáritas, entre otros.
