- Con 77 nuevos positivos en lo que llevamos de segunda ola, la Diputación de Gipuzkoa ve con preocupación el avance de la enfermedad en las residencias de ancianos donde, según reconocen los propios responsables forales, es “más complicado” controlar la situación con respecto a los momentos más duros de la pandemia, cuando estos centros se convirtieron en una especie de búnkeres para preservar la seguridad de los residentes. Por ello, desde la institución foral asumen que habrá que “cerrar de manera quirúrgica” las salidas de los centros y “potenciar las visitas” para garantizar el contacto entre los usuarios y sus familias.

La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, compareció en las Juntas Generales después de haber sido interpelada por el grupo juntero de EH Bildu en relación con la gestión que ha realizado el Gobierno foral de estos recursos durante la pandemia.

Pese a que la situación es mucho mejor que en primavera, cuando se contabilizaron 612 positivos, la apertura que han experimentado estos centros, en donde se han retomado las salidas y las visitas, ha complicado el control de la situación. Según recordó la diputada, “hoy en día el mayor problema que tenemos en las residencias ha venido determinado precisamente por un contagio por salidas”, mientras que durante la primera ola, “los equipamientos residenciales estaban absolutamente controlados, porque solamente podía entrar el personal trabajador, y además, estábamos todos de casa al trabajo y del trabajo a casa”. Por ello, se procederá al cierre “quirúrgico” de las salidas en función de la evolución de la situación. “Contagios hemos tenido antes, tenemos ahora y vamos a continuar teniendo”, concluyó la responsable de Políticas Sociales, que añadió que su departamento buscará un “equilibrio entre las medidas que aplicamos para blindar los centros lo máximo posible y que dentro de los mismos no haya una propagación, y la calidad de vida de los residentes”.

En este sentido, durante su comparecencia, Peña explicó que su departamento ha encargado la elaboración de un estudio de impacto del COVID-19 en los recursos sociales de titularidad foral, donde además de recoger el balance de la crisis sanitaria y la evaluación completa de las situaciones generadas, se propondrán una serie de acciones de mejora. Según avanzó la diputada, el documento, que estará listo para finales de este mismo mes, recogerá las aportaciones de usuarios y familiares.

Además, Peña repasó las medidas adoptadas por el Ejecutivo, así como el Sistema de Vigilancia y Alerta activado en los servicios y recursos sociales, para vigilar el avance del virus. Recordó que este sistema se fundamenta en la “prevención” y contempla “la realización masiva de pruebas PCR preventivas, la provisión y el reparto de elementos de protección, el refuerzo de las inspecciones y del asesoramiento, la elaboración de un plan de formación y la apertura y la adecuación de los recursos” a esta excepcional situación sanitaria.