- El Gobierno Vasco prevé “microconfinamientos” en aquellas aulas de los centros educativos en las que se detecte un positivo por COVID-19. Además, se someterá al resto de la clase a una cuarentena de quince días en casa. Quien adelantó esta medida no fue la consejera de Educación, Cristina Uriarte, sino la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien reiteró que la presencialidad del alumnado es el “objetivo principal” del Ejecutivo de Gasteiz de cara al nuevo curso escolar. A menos de dos semanas para que la vuelta al cole sea realidad, esto es lo único que ha trascendido del protocolo en el que están trabajando el Departamento de Educación y el Departamento de Salud con el fin de responder sanitariamente en caso de que el coronavirus entre en los centros educativos.

En declaraciones a la Ser, la consejera Tapia dijo que el “objetivo prioritario” del Ejecutivo vasco es garantizar la educación presencial de todo el alumnado “con todos los protocolos bien establecidos”. La semana pasada, la consejera de Salud, Nekane Murga, aseguró que su Departamento está revisando los protocolos de actuación que el Gabinete de Cristina Uriarte remitió a los centros educativos para que preparasen sus planes de contingencia para actuar en los tres escenarios previstos: presencialidad, mixta y online. A día de hoy se sigue sin conocer el resultado de dicha revisión. Un escueto “se está trabajando con Salud” fue ayer la respuesta de Educación a este periódico. No obstante, los protocolos aprobados por otras comunidades pueden dar pistas de lo que podría suceder a nivel sanitario si se confirmasen contagios en las aulas vascas a partir de septiembre.

En Catalunya, por ejemplo, en caso de que haya un positivo en un aula se realizará una prueba PCR a toda la clase y a los estudiantes se les pondrá en cuarentena durante catorce días. A partir de dos contagios en grupos separados, se cerraría el centro. Además del responsable COVID en el centro, se asignará una enfermera de referencia que podrán contactar por teléfono en caso de dudas. Galicia también pondrá en cuarentena a toda una clase y su tutor con un solo caso confirmado y se decretará el cierre de la actividad presencial de todo el centro cuando haya tres o más casos positivos en los últimos siete días. Otras comunidades como Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León prevén realizar pruebas a sus docentes antes del inicio del curso. Y Madrid, por su parte, realizará decenas de miles de pruebas aleatorias entre la población escolar cuando regresen a las aulas para conocer su grado de inmunidad frente al coronavirus. Hasta la fecha el documento hecho público más avanzado es el elaborado por el Servicio de Prevención de riesgos laborales, adelantado por este periódico. En él establece que los centros tendrán una sala de aislamiento para limitar situaciones de contagio en caso de que un estudiante o un profesional presente sintomatología compatible con COVID-19. La persona que tenga fiebre, tos o sensación de falta de aire deberá acudir con la mascarilla puesta a esta sala, que dispondrá de buena ventilación y una papelera de pedal con bolsa, mascarillas e hidrogeles.

Una vez en la sala, la dirección o la persona responsable de prevención COVID del centro contactará con la familia para que lleve a su hijo a casa y llame a Atención Primaria. En caso de que el resultado de la PCR fuera positivo, se procedería a rastrear y aislar a todos los contactos del centro por lo que la organización de los grupos estables de convivencia -conocidos como clases burbuja- posibilitará una rápida contención del foco. Por otro lado, recomiendan que al margen de los equipos directivos, cada centro cuente con una persona o un equipo de trabajo de COVID-19 formado por distintos estamentos que actúen de enlace con su servicio y el centro de salud de referencia.

Steilas volvió a advertir ayer de que sin más recursos materiales y humanos no será posible iniciar el nuevo curso con garantías para hacer frente a la posible incidencia de la pandemia, para lo cual sería imprescindible bajar las ratios de alumno por aula. También solicitó a Educación que “publique un documento que garantice la protección jurídica del personal de los centros públicos” y que aplique un protocolo de la salud de los trabajadores que proteja especialmente a las personas más vulnerables.