- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) resolvió ayer que Osakidetza incumplió la normativa en materia de prevención de riesgos laborales durante la crisis sanitaria del coronavirus y que la falta de EPIs (equipos de protección individual) supuso "un riesgo laboral grave e inminente" para la salud de sus trabajadores, según el sindicato ESK. Osakidetza, por su parte, asegura que el TSJPV establece que la falta de EPIs para su personal ha sido "puntual y limitada en el tiempo", y que su gestión para la provisión de material no puede ser calificada "ni de insuficiente, ni de antijurídica".

En el juicio contra Osakidetza celebrado el pasado 16 de junio, ESK denunció la actitud de la dirección de Osakidetza en aspectos como la ausencia de EPIs entre el personal, así como el incumplimiento de los protocolos de utilización de los mismos o la no realización de los test para poder detectar la situación de la plantilla. El TSJPV recoge en su sentencia, según el sindicato, que, "en relación a las mascarillas y a las batas, se dieron por Osakidetza instrucciones de uso, reutilización y lavado que nada tienen que ver con las indicaciones sanitarias y que dejaron de lado las recomendaciones de uso que advertían del riesgo potencial de infecciones para el paciente y para el usuario que conllevaba su reutilización".

El Servicio Vasco de Salud, por su parte, añade que "el tribunal califica tal circunstancia de puntual y limitada en el tiempo y afirma que la gestión realizada por Osakidetza en relación con la provisión de material de protección a sus profesionales durante la crisis no puede ser calificada ni de insuficiente, ni de antijurídica". Además, indica que el TSJPV ha rechazado "prácticamente la totalidad" de las peticiones hechas por el sindicato demandante en el ámbito de la prevención de riesgos laborales durante la pandemia, aunque sí estima parcialmente el referido al abastecimiento de los equipos de protección individual.

El tribunal no condena a Osakide-tza a pagar la indemnización que demandaba el sindicato y se limita a dictaminar que se tomen las "medidas oportunas para la protección del personal a su servicio", algo que el Servicio Vasco de Salud mantiene que "se está haciendo" con "observancia estricta de las medidas de prevención de riesgo laborales".

El sindicato ESK exige, tras la resolución del tribunal, que tanto la dirección de Osakidetza como la consejera de Salud, Nekane Murga, "asuman su responsabilidad y presenten su dimisión por la nefasta gestión de estos tensos meses, en los que ha puesto en peligro la salud del personal y de la ciudadanía a la que asisten".

ESK opina que, "tras años de continuos recortes, la crisis del COVID-19 ha puesto encima de la mesa las carencias que sufre Osakidetza y la negligente gestión de las personas que la dirigen", y la sentencia "deja a las claras que la dirección de Osakidetza ha hecho peligrar la salud de toda la plantilla, como ya venía demostrando el alto porcentaje de personal infectado".

Osakidetza se defiende recordando que la resolución de la Sala de lo Social, que no es firme, reconoce que se han hecho pruebas PCR al 75,1% de la plantilla y test serológicos al 87,3%, y que el porcentaje de positivos COVID entre sus trabajadores es de un 6%, equiparándose al de la media de la población vasca, que es de alrededor de un 5%.

Añade Osakidetza que la sentencia reconoce que ya en enero de este año, antes de que se dieran en Euskadi los primeros casos, se habían iniciado actuaciones preventivas y epidemiológicas y que desde marzo se facilitó a los sindicatos la información sobre la evolución de la pandemia, los contagios entre profesionales y sobre provisión de EPI, y que impartió formación "intensiva" sobre los riesgos laborales del COVID-19.