Tenía alguna que otra joya que se vio obligada a vender con la esperanza de que algún día cambiaran las cosas. Y vaya si cambiaron, siempre a peor. Uma, su gata persa, se murió en junio del año pasado. En octubre falleció de cáncer Daniela, el único felino que le quedaba a esta donostiarra, soltera de 63 años, para quien los animales son su vida. ¿Qué más podía ocurrirle? Lo supo a los cinco días, cuando llamaron al timbre, en el piso de Benta Berri en el que reside desde hace veinte años. "Victoria, debe personarse en el Palacio de Justicia y solicitar un abogado de oficio". Fue cerrar la puerta y quedarse en estado de shock. Acababan de llegar del juzgado a entregarle una orden de desahucio por el impago de cuatro mensualidades, de abril a julio de 2019. Sí, sabía que la deuda ascendía a 3.190 euros, pero jamás pensó semejante desenlace.
Lo había intentado todo: reciclarse laboralmente, limpiar casas... todo fue en vano. Imposible arreglarse con 992 euros, de los que casi 800 se lleva el alquiler del piso. "No sé ni cómo estoy viva después de todo lo que ha ocurrido durante este año", confesaba ayer a este periódico sentada en el sofá del salón de su casa. Noriega juega estos días su última baza, y tendrá respuesta en breve. Está a la espera de conocer el resultado de la negociación entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia y el fondo buitre Testa Socimi-Blackstone, que ha pasado a ser propietario de las VPO de Benta Berri. "O me ofrecen la posibilidad de ir a un apartamento que pueda pagar, o me voy a la calle, no hay otra", dice mirando a sus gatas, que cuelgan de la pared, retratadas en otro tiempo.
Comienza la lucha
El mobiliario de su casa da cuenta del amor que tiene por los animales. Las fotografías de Uma y Daniela presiden la sala, y ella les mira con ternura. Desde hace un año está pidiendo una permuta, la posibilidad de ir a vivir a un piso más pequeño que se acomode a sus posibilidades económicas. Por el momento, no ha habido manera. Lo único que sabe es que, a la espera del resultado de la negociación, su desahucio está previsto para el 9 de septiembre. "No sé. Llega un momento en el que cuando lo pierdes todo y no tienes alternativa, comienzas a luchar. En esta promoción de viviendas ha habido familias que han sido desahuciadas sin que nada trascendiera, y se han tenido que alojar temporalmente en casas de familiares. ¿Pero a dónde iba a ir yo?".
Era una pregunta sin respuesta. En ese intervalo tan incierto de su vida, mientras tramitaba todo el papeleo, fue cuando en el propio juzgado le recomendaron hablar con Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa. La activista, que recibió el Tambor de Oro en 2019 -el máximo galardón que otorga la ciudad de Donostia-, fue definida en aquella ceremonia de entrega como "un colibrí", una mujer fuerte pese a su pequeña estatura. Cualquiera que haya asistido a una de sus múltiples ruedas de prensa sabe de qué pasta está hecha.
"No tenía nada que perder y le llamé. Me puso en contacto con Txomin, otro vecino de Benta Berri que había vivido una situación similar que había podido solventar". Y así, al día siguiente, trabó contacto con la plataforma Stop Desahucios, de la que surgió una estrecha relación que perdura hasta hoy, a golpe de protesta.
Tanto, que al fondo buitre le molesta, y mucho, la imagen que de él se está ofreciendo en Euskadi. El negocio inmobiliario de Blackstone, que arrancó en 1991, tiene bajo gestión activos por alrededor de 150.000 millones de euros. En el Estado, desde que empezó la crisis de 2008, la firma ha acumulado inmuebles por valor de unos 20.000 millones de euros. Tras estas inversiones se ha convertido en el mayor propietario de viviendas en alquiler de España, con más de 50.000 unidades repartidas en distintas sociedades como Testa, Aliseda, Anticipa y Fidere.
Y no deja de hacer caja. Es una lucha desigual, la de David, con su honda y una piedra, contra Goliat. Una peculiar metáfora que se ha extendido por todo el planeta, como lo sigue haciendo Blackstone, que en medio de la crisis sanitaria sin precedentes que ha traido consigo la pandemia ha logrado captar 9.800 millones de euros, convirtiéndose en el mayor fondo inmobiliario europeo de la historia.
Claro que cada uno juega sus bazas, y siempre hay posibilidad de salir triunfante. No queda otra que plantar cara. "La primera vez que tuve que hacer pública mi situación creía que me moría. Estaba como aturdida. Me había quedado en estado de shock y no tenía el desparpajo ni el bagaje que tengo ahora". Victoria se ha convertido en un rostro habitual en muchas comparecencias. Lo mejor que pudo hacer entonces fue actuar, moverse, y dejar de lamerse las heridas. "En la primera rueda de prensa sentí mucha vergüenza. Estaba contando mi vida: lo que ganaba, lo que debía, un montón de detalles a personas que no conocía. Todo eso, yo, que siempre procuro pasar desapercibida".
Arropada por los vecinos
En unas semanas, todo el mundo comenzó a conocer detalles de su vida. Aparecía en los medios de comunicación. "El primer día que me animó Rosa a decir unas palabras no sabía ni por dónde empezar. Nunca había hablado en público. Me limité a dar las gracias. ¿Qué iba a decir? Venía de una situación que me había desgastado mucho y además aquí me conoce todo el mundo. Soy del barrio del Antiguo y Donostia es pequeña. He trabajado y estudiado en la Parte Vieja y siempre he andado por el Centro".
Dar la cara delante de tantos medios no es plato de gusto. "Vino entonces una chica de Elkarrekin Podemos y me dijo que no me llevara apuro, que lo que me estaba pasando le ocurría a mucha gente, y que cada vez iba a suceder más". El de Benta Berri es un caso muy especial. Pese a ser una promoción de VPO de alquiler de 1998, el Gobierno Vasco dejó en manos de la promotora la gestión de las viviendas, y esta se las vendió a Testa Socimi en 2016 y Blackstone en 2018. El suelo es propiedad del Gobierno Vasco y los dueños de las viviendas están obligados a mantener las condiciones de alquiler hasta 2028. A partir de ahí, las viviendas serán libres y los inquilinos temen que el fondo buitre suba la renta de un modo inasumible, como ha ocurrido en otras ciudades del Estado.
"No sé lo que va a ocurrir, pero por lo pronto tengo claro que, si no reacciono, estoy en la calle desde hace tiempo. Ahora por lo menos siento el apoyo de mucha gente, tanto de la Asociación de Vecinos Alokairu Txomin, Josetxo... como de partidos de la Corporación". Su lucha al menos le ha permitido ir ganando tiempo, a la espera del resultado. "O me echan, o me ofrecen la posibilidad de ir a un apartamento. No hay más", insiste. Si no hay acuerdo, el 9 de septiembre será desahuciada.
