l año 2028 está en la mente de los vecinos de las 510 viviendas protegidas de Benta Berri, una vez que desaparezca el precio tasado y los pisos queden en manos de Blackstone. De las palabras del alcalde de Donostia, Eneko Goia, se deduce que hay posibilidades de que la pesadilla de Victoria tenga un final feliz. Al menos se ha declarado “optimista” en lo últimos días. El alcalde sí ha mostrado su preocupación con lo que pueda ocurrir a partir de 2028. Agrupados en la asociación Alokairu, los inquilinos llevan años denunciando que en ocho años podrían verse en la calle, y en ese lucha, Victoria Noriega se ha convertido sin quererlo en el espejo en el que mirarse el resto de miembros de la comunidad. “A mí me ha pasado ahora, pero le puede ocurrir a cualquiera”, decía ayer esta mujer, que se jubiló con 61 años, después de una vida como la de cualquier otro ciudadano.

Su primer empleo, durante más de una década, fue en una juguetería de la Parte Vieja. Hizo un curso de administración y realizó varios trabajos de oficina, entre ellos, en el Casino del Hotel Londres. “Al piso de Benta Berri entré con 39 años. Al principio mi situación laboral era estable, pero poco a poco se fue complicando. Iba cumpliendo años y no había manera de encontrar nada. Empecé a limpiar casas. Tenía que sacar recursos como fuera para pagar la casa, en la que llevo más de 20 años”. Reconoce que para ser una VPO el precio es alto, aunque en un principio no lo era tanto. “Anteriormente había vivido en un apartamento que costaba por aquel entonces 63.000 pesetas mientras que el de Benta Berri eran 67.000, con tres habitaciones. Hubo tres años de bonificaciones del Gobierno Vasco. A partir de ahí empezó a subir mucho el precio. Cada año en torno a 25 o 30 euros, hasta llegar a los 800 actuales”.

Ella ha vivido sola durante todo este tiempo, salvo unos meses que convivió con una pareja.

“La gente está empeñada en que no me vaya de aquí. Dicen que pase lo que pase me quede, pero tampoco quiero llegar a un desahucio. En ese caso, cogería mis cosas y me largaría. Ya me he acostumbrado a la dinámica de dar la cara, pero no quiero que nadie se la parta por mí”. Sus ingresos actuales se limitan a una pensión de jubilación que asciende a 639,50 euros, que complementa con 102 euros de la RGI. El Ayuntamiento le ha concedido 185 euros como ayuda para pagar el piso, más 65 para gastos, como el gas.