El lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV), y la presidenta navarra, María Chivite (PSN), han reclamado este domingo en la videoconferencia de presidentes autonómicos que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, traslade en la Comisión de Asuntos relacionados con la UE la necesidad de reconsiderar la movilidad de la ciudadanía en zonas como la Eurorregión Euskadi, Nafarroa y Nueva Aquitania, que quedó restringida a la mínima expresión hace más de un mes, cuando el Estado francés redujo los pasos entre Gipuzkoa y Nafarroa, con el departamento de los Pirineos Atlánticos de casi una veintena a 6, entre los que se encuentran el Puente de Santiago, el de la autopista, el de Dantxarinea, Luzaide-Valcarlos-Arnegi y el túnel de Somport.
Hasta entonces, la movilidad entre ambos lados del río Bidasoa se había visto afectada, aunque en mucha menor escala. Los desplazamientos se habían reducido a los imprescindibles, y desde el estado de alarma decretado tanto por La Moncloa como por El Elíseo, los justificantes se convirtieron en más que recomendables y hasta obligatorios desde el 10 de abril para todo aquel que quisiera entrar en suelo galo.
En las últimas semanas, los alcaldes de Irun y Hendaia, José Antonio Santano (PSE) y Kotte Ecenarro (PSF), han reclamado a ambos gobiernos centrales la reconsideración de los cierres fronterizos. Una realidad motivada en buena medida por la desescalada, que ha provocado que parte de la ciudadanía guipuzcoana que vive en Iparralde deba desplazarse a diario al sur del Bidasoa.
"He llegado a tardar hora y media en cruzar la frontera", aseguraba en este mismo diario Ofelia Aramburu, una bidasotarra que reside en Hendaia pero trabaja en Hondarribia, y que debe cruzar sobre el Bidasoa al menos dos veces al día. La suya es una de las miles de vidas transfronterizas que desde la desaparición de las aduanas hace más de 25 años se han convertido en habituales en este entorno y que con los estados de alarma se han visto dificultados.
