- Francia entró ayer en cuarentena, después de haberlo hecho ya el Estado español, lo que supone de facto el confinamiento general y el cierre de fronteras a ambos lados del Bidasoa, con el consiguiente quebranto para el tránsito diario de cientos de guipuzcoanos con residencia en Hendaia. Los controles son férreos. Frenar la expansión de positivos por COVID-19, que ayer en Euskadi ascendieron a 765, ha dado paso a una escalada de decisiones y medidas restrictivas cuyas consecuencias se expanden como el propio virus, y que en este caso afecta de lleno a miles de guipuzcoanos que trabajan a este lado de la muga y residen en Hendaia.
La propagación del coronavirus ha acabado temporalmente con el espacio Schengen y la libre circulación de personas. Esta era una cuestión que en los últimos meses solo se mencionaba para aludir a los migrantes que, en su periplo hacia Francia, eran detenidos en el paso fronterizo y devueltos a España. Ahora la frontera se ha blindado para todo el mundo, sin hacer distinciones entre clases sociales ni razas. Ayer por la mañana los controles policiales de la Guardia Civil y de la Policía Nacional parecían un viaje al pasado.
La consigna era clara: solo podían circular quienes acreditaran residencia en el Estado, trabajadores fronterizos y pocos más. En el Puente de Santiago hubo pequeñas retenciones a primera hora de la mañana. Uno a uno, todos eran requeridos para que mostraran su acreditación laboral. Una vez recibido el visto bueno, pudieron acudir a sus puestos de trabajo en sentido hacia Irun, aunque pudo verse algún que otro vehículo con matrícula francesa que fue mandado de vuelta.
En sentido hacia el país galo, aunque la medida entró en vigor a mediodía, no se observaba a la gendarmería francesa. Los vecinos han sido advertidos de que hoy se impondrán medidas restrictivas, lo que ha acabado por despertar cierta preocupación entre quienes viven en Hendaia sin regularizar su residencia.
Más de 5.000 ciudadanos de Hegoalde residen en la localidad fronteriza. Se da la circunstancia de que muchos no están empadronados en el país galo o no disponen de la documentación necesaria que acredite su residencia. Es por ello que el férreo control previsto puede dejar al descubierto la irregularidad administrativa en la que viven tantas personas que durmiendo en Hendaia y localidades limítrofes -propietarios de viviendas, inquilinos con contratos de alquiler...- no estén en disposición de poder demostrar que residen al otro lado de la muga. Es un problema que viene de largo y, de hecho, el número de personas censadas en la localidad fronteriza es mucho menor al de quienes realmente residen.
Se trata de una realidad larvada en los últimos años, diluida en el tiempo tras el acuerdo firmado en la ciudad luxemburguesa de Schengen en 1985 y que entró en vigor diez años después, permitiendo la libre circulación de personas en un espacio común en el que ahora el coronavirus obliga a levantar fronteras.
A partir de ahora, todo dependerá del celo con el que las autoridades francesas revisen la documentación de cada residente. Lo cierto es que van a estar muy vigilantes al respecto, por lo que ayer se recomendaba a las personas que se encuentren en esta situación que al menos se desplacen con copias de facturas de agua, electricidad, gas o el seguro de la vivienda, a la espera del desenlace de los próximos días.
Miles de ciudadanos que van y vienen a diario se van a encontrar en las próximas semanas ante la tesitura de presentar diferente documentación, tanto a los cuerpos policiales del país galo como del Estado español. "La empresa ya nos había preparado el certificado, y he podido pasar sin mayores problemas", decía ayer a mediodía José Gómez, vecino de Hendaia que trabaja en Irun, en el barrio de Ventas.
Como tantos otros guipuzcoanos que residen en Iparralde, se topó a primera hora de la mañana con los controles de agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Apostados en el Puente de Santiago, revisaron minuciosamente la documentación de cada ciudadano.
Durante la mañana no hubo incidencias reseñables, aunque a más de un vehículo con matrícula francesa que se disponía a pasar el puente para realizar alguna compra le ordenaron darse media vuelta.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas precisaron que los residentes franceses tienen terminantemente prohibido venir a realizar compras a Gipuzkoa. Únicamente pueden hacerlo en Francia, e incluso en ese caso se han impuesto también serias restricciones.
Maite Varela, de la empresa Mylmugan, con amplia experiencia profesional en el asesoramiento de gestiones en Francia, no se cansa de enviar estos días correos masivos a sus clientes. "Queremos insistir en que el certificado francés que os hemos remitido, no solamente se debe cumplimentar para atravesar la frontera sino que básica y fundamentalmente, sirve para toda aquella persona que salga a la calle en Francia", detalla un documento interno remitido a este periódico y que se ha hecho extensible a todas las personas que estos días no saben muy bien a qué atenerse.
Es decir, para que un vecino de Hendaia o de cualquier otra localidad de Iparralde pueda salir a la calle es preciso que porte un certificado, aunque solo sea para hacer la compra. No facilitar ese documento a las autoridades galas puede ser sancionado con multas de entre 38 y 150 euros.
Durante la mañana se pudieron ver furgonetas de empresas radicadas en Hegoalde que se desplazaron hacia Francia sin mayores problemas. En los próximos días es aconsejable que porten el justificante de empresa o copia de contrato de trabajo así como nóminas. Para su vuelta a este lado de la muga, el DNI con domicilio acreditativo, el justificante de empadronamiento y copia de la última declaración de la renta, según aconsejaba ayer a sus clientes la empresa de asesoría Mylmugan. "Estas son consideraciones de criterios basados en la experiencia, aunque por el momento en ninguna norma a aplicar estos días de situación excepcional vienen detallados concretamente los criterios".
A este lado del Bidasoa estaban ayer las cosas más claras. La medida la anunció el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras participar por videoconferencia en un Consejo con los titulares de Interior y de Sanidad de la Unión Europea. "El objetivo no es otro que proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la expansión del coronavirus", manifestó.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mantiene en contacto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con el primer ministro portugués, António Costa, para resaltar la coordinación con los socios de la Unión Europea.
La decisión adoptada por España supone la activación del articulo 28 del código de fronteras de Schengen, que permite restablecer controles en situaciones como las que define el real decreto que ha establecido en el país el estado de alarma y que abre la puerta a imponer restricciones de movilidad.
