- El coronarivus ha irrumpido en Gipuzkoa como un vendaval que ha golpeado de lleno a las residencias de personas mayores, obligando a reorganizar recursos con criterios sanitarios, convirtiendo poco menos que en hospitales unos centros orientados en sentido contrario. El trabajo acometido ha transitado estos años atrás hacia un modelo que busca que la estancia de los usuarios se asemeje a la del domicilio, un hogar, un enfoque que la pandemia ha trastocado inesperadamente.

Ahora mismo se impone la prevención, la contención y el refuerzo de servicios en una red de 65 centros residenciales que ofrece 5.425 plazas. El 10% de los usuarios se ha contagiado por COVID-19 durante estos meses y 167 personas han fallecido. Han sido jornadas muy duras y, aunque todavía no es el momento, la pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de reabrir un debate pendiente sobre el futuro de las residencias que, al calor de las medidas apresuradas y forzadas por la crisis sanitaria, podrían correr el riesgo de sufrir una regresión.

A este respecto, la diputada de Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, defiende el actual modelo residencial que se asemeja lo más posible a un domicilio. Entiende que convertir de nuevo estos centros en poco menos que hospitales, en los que se limite la autonomía de sus usuarios, es una vuelta al pasado que ya se rebeló fallida. El problema es que “ahora puede ser fácil resbalar en ese sentido”, alertó ayer en las Juntas Generales, donde compareció para dar cuenta de su gestión frente a la pandemia.

La sesión, que se prolongó durante más de dos horas, se convirtió en un pormenorizado relato del sinfín de actuaciones que han sido necesarias tomar sin dilación. Todas las junteras agradecieron las explicaciones y mostraron un talante muy alejado del que se muestra estos días en el Estado, donde el bronco debate abierto pone de manifiesto la instrumentalización de la crisis sanitaria, que crece en la medida que se reduce el número de muertos.

En Gipuzkoa, las circunstancias han obligado a trabajar estrechamente con el Departamento de Salud, y lo cierto es que el coronavirus ha traído consigo también aspectos positivos. Por ejemplo, el pormenorizado conocimiento que tiene actualmente Osakidetza de la red de servicios sociales del territorio que, más allá de los 65 centros residenciales, atiende a un total de 7.000 usuarios, teniendo en cuenta aquellos que están en situación de exclusión o dependencia.

El debate sobre el futuro modelo de atención incluye otros cabos sueltos, como el conflicto de las trabajadoras de las residencias, que reclaman mejoras laborales y han vuelto a amenazar con retomar la huelga de la mano del sindicato ELA, tal y como le recordó ayer a la diputada la juntera de EH Bildu Estitxu Elduaien. “Ellas son quienes han estado en primera línea. ¿Qué piensan hacer a partir de ahora ustedes ante la situación que pueda plantearse?”, le espetó, pidiéndole además un ejercicio de autocrítica sobre la gestión realizada.

Peña no eludió ninguna pregunta, y comenzó respondiendo por el final. “Ha habido una labor de asesoramiento constante a los centros y unos plantes de contingencia que han sido continuamente contrastados. Me pide autocrítica. Pues bien. Se puede imaginar la dificultad que entraña habilitar en cada centro espacios hasta el más mínimo detalle para combatir el COVID-19, pero sí, ojalá hubiéramos contado antes con el asesoramiento técnico del Hospital Aita Meni. También hemos sido conscientes con el tiempo de que había que habilitar más camas libres ante posibles positivos, de ahí que ahora dispongamos de 300”, respondió con una humildad reconocida por los junteros.

Y con ello, retomó la primera pregunta relacionada con el conflicto laboral abierto. “Dando ese paso, dejando camas libres, aumentan los ratios”, señaló, en alusión a uno de los puntos calientes. Los ratios de personal en residencias para personas mayores son fundamentales a la hora de garantizar una atención correcta, humana y de calidad. Con el fin de atender eficazmente y poder abastecer las demandas asistenciales de los residentes de cualquier centro es necesario contar con recursos humanos y profesionales suficientes.

A este respecto Peña señaló que, a pesar de que “no es competencia de la Diputación” lo que a su entender es un conflicto abierto entre sindicatos y patronales, ha tenido “muy presentes” los ratios. “Se están aumentando, y lo harán más porque todo ello redunda en una mejor atención. Nos interesa a todos que se solucione el conflicto laboral. La Diputación no es insensible a ello, per o la prioridad ahora mismo es frenar el COVID-19”.

“Nos interesa que se solucione el conflicto laboral, pero la prioridad ahora es frenar el virus”

Diputada de Políticas Sociales