La justicia sentencia que no se vulneraron los derechos de las trabajadoras de la residencia de Berra

Esta es la quinta demanda interpuesta por este ELA que desestiman los juzgados guipuzcoanos, que con anterioridad habían tumbado ya las dirigidas contra la institución foral y los centros Iurreamendi de Tolosa, San José de Ordizia, Iturbide de Arrasate, y Argixao de Zumarraga.

En todos estos casos, las resoluciones judiciales rechazaron la necesidad de las distintas medidas de protección y seguridad que reclama ELA para los operarios de estas residencias, al entender que habían sido adoptadas ya por sus responsables.

En una nueva sentencia, el juzgado de lo Social número 2 de Donostia se pronuncia ahora en la misma línea respecto a la residencias donostiarra Berra, al entender que las medidas de prevención solicitadas por el sindicato demandante "ya han sido cumplidas, por lo que existe perdida sobrevenida del objeto respecto de las mismas".

"No existe vulneración de ningún derecho fundamental, no se acredita ataque directo o la creación de un riesgo razonable e inminente para la integridad y salud de los trabajadores", prosigue el texto que sí constata, "en su caso, cierto desabastecimiento de material de protección que se produjo a nivel mundial" en un primer momento, pero que "fue subsanado en cuanto se pudo".

La sentencia aclara también que si lo que se imputa por parte del sindicato a esta residencia y a la Diputación "es un incumplimiento en materia de seguridad y salud laboral, este incumplimiento, no ha quedado acreditado y en su caso, hubiera podido suponer la infracción de normativa en materia de salud laboral, pero no la vulneración del derecho fundamental a la vida y a la integridad física" como planteaba el sindicato.

Un derecho que, según la resolución, ha de ser entendido, "desde la perspectiva constitucional", no como equivalente "a cualquier situación de riesgo o daño para la salud, sino como aquellas conductas que incorporen un peligro grave y cierto", concluye el escrito judicial.

Tras conocer la resolución, la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, se ha felicitado, en un comunicado, por este quinto fallo favorable a los intereses forales que, a su entender, supone el "aval de la Justicia" al trabajo que "se está llevando a cabo en las residencias de mayores del territorio para hacer frente a la pandemia generada por la enfermedad del COVID-19".

"En los últimos dos meses, las residencias han sido y siguen siendo la principal prioridad para la Diputación, y hemos puesto todos los recursos materiales y humanos disponibles en cada momento", ha dicho Mendoza.

Mendoza ha valorado asimismo "la cooperación y el trabajo en equipo" realizado en este ámbito por la Diputación, los profesionales de las residencias, Osakidetza, las autoridades sanitarias, las familias de los residentes, el servicio de bomberos, las asociaciones del tercer sector y distintas empresas y particulares del territorio.

"Esta crisis exige colaboración, no confrontación. No es momento de poner en duda la lucha colectiva de todas estas personas contra el COVID-19", ha concluido.