entro de esta dinámica diaria tan cambiante, volver a la calle es ganar un espacio de libertad, pero cobra un sentido bien distinto para las personas sin hogar. Mientras buena parte de la sociedad cuenta las horas para darse un largo paseo, hay un sector de población desfavorecido que lleva media vida haciéndolo, con un deambular errante que la pandemia frenó en seco. Ahora, en la medida en que se van relajando las fuertes restricciones, comienzan a despertarse de nuevo fantasmas dormidos mientras hacían uso de los recursos de emergencia. El frontón Atano III es uno de ellos. Aquí, una miríada de culturas y edades pone a prueba a diario la convivencia, más aún en pleno Ramadán, con usuarios que siguen sus costumbres y sus credos, lo que ocasiona episodios puntuales de fricción que, mal que bien, acaban siendo resueltos. A fin de cuentas, desde que se decretó el estado de alarma tienen un techo, el problema es que nadie sabe por cuánto tiempo.
Los datos de la pandemia muestran que se va doblegando la curva y, en la medida en que discurren las semanas y se anuncian diferentes fases que relajan paulatinamente las medidas de contención, la vuelta a la ansiada normalidad despierta temores entre este sector de población. La normalidad suele ser un nubarrón que se cierne sobre sus cabezas. De hecho, estos días la pregunta resuena en el frontón de manera recurrente entre los 44 usuarios que se reparten por la cancha rectangular del recinto deportivo: ¿Qué va a ser de nosotros? De momento, nadie les ha podido dar una respuesta.
A estas alturas del confinamiento el cansancio es palpable, tanto entre los usuarios como entre el personal que les escucha y atiende a diario. Mes y medio después, y con la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido, la atención ha podido encauzarse y todos respiran algo más tranquilos ante un reto de envergadura que levantaba un enorme interrogante por su imprevisible desenlace.
Había incertidumbre ante la capacidad para contener a un colectivo tan diverso como vulnerable, que en otras ciudades ha llegado a protagonizar motines debido a la restricción de movimientos por la fuerza, sin la necesaria mano izquierda. "Durante estas semanas tan intensas hemos hablado mucho con ellos, convencidas de que el trabajo, más que policial, tiene que ser social. Abogamos por un sistema de atención que estamos demostrando que funciona", defiende Amaia Lasheras, psicóloga e integrante de Arrats, asociación que gestiona, junto al Ayuntamiento de Donostia, el recurso habilitado en el Atano III, así como los albergues de Ondarreta y Uba, todos ellos para personas sin techo. El Consistorio también cuenta, entre otros, con Abegi Etxea. En suma, un total de 170 usuarios acogidos solo en Donostia, una ciudad que durante las primeras semanas de crisis sanitaria vio crecer sin freno la cifra de usuarios que llamaban a sus puertas, lo que ha obligado a realizar contrataciones de personal. "A estas alturas todos estamos muy cansados, no solo en el Atano sino en el resto de recursos. No es fácil para nadie gestionar el día a día, pero todos los trabajadores lo están dando todo. Tanto el personal técnico del Ayuntamiento, como quienes se encargan del albergue municipal de Ondarreta, y los equipos contratados, que son nuevos pero muy buenos", aplaude Lasheras.
Aluvión de gente
Coordinación
Tal ha sido la intensidad, que echando la mirada atrás parece que ha pasado toda una vida cuando en realidad han transcurrido 41 días desde que se acondicionó el Atano III. "Se pensaba que no se llenaría, y desde el principio alcanzó casi las 90 personas". Actualmente acoge a 44; otras tantas fueron derivadas al albergue municipal de Uba, y el mismo número de usuarios está en La Sirena, el centro municipal de Ondarreta que hubo de ser transformado para alojar a personas sin hogar.
Se han establecido turnos de manera que se pueda cubrir la atención durante las 24 horas. "La coordinación es buena". El mantenimiento y refuerzo de los catalogados como servicios críticos de la ciudad durante el estado de alarma ha obligado al Consistorio a contratar de emergencia nuevas prestaciones, con un coste aproximado de 300.000 euros al mes para las arcas municipales. Los servicios están al límite, e incluso de puertas adentro hay cierto malestar porque Donostia se ha visto obligada a recibir personas en situación de calle procedentes de otros municipios, e incluso territorios, "bien porque no se supo reaccionar a tiempo o no han hecho los deberes". Ahora todo parece más encarrilado. Pasadas las semanas, sí se han ido habilitando otros recursos en municipios como Irun, Errenteria, Orio, Zarautz u Hondarribia.
El problema que se plantean los usuarios es no saber por cuánto tiempo seguirán funcionando los servicios de carácter excepcional. En buena medida dependerá del tiempo que se prolongue el estado de alarma. "A nivel institucional se estarán barajando alternativas, pero de momento no hay ningún escenario previsto y no hemos sabido dar respuesta a los residentes cuando nos lo han preguntado", admite Lasheras.
Habría que plantearse incluso qué se entiende por volver a la normalidad. Como dice Peio Aierbe, de la Red de Acogida Ciudadana de Donostia, está por ver "cuál va a ser la implicación y la mirada de la gente", y no solo con respecto a las personas sin hogar. La crisis que no ha hecho más que comenzar ya muestra sus repercusiones sociales, como acaba de demostrar Cáritas. Del millar de familias atendidas desde que se decretó el estado de alarma, 400 no habían tenido hasta ahora contacto con la ONG diocesana.
Personas que se deslizan de nuevo por la pendiente de la pobreza, volviendo a la casilla de salida debido a la crisis provocada, esta vez, por el COVID-19. "Ante estas situaciones que estamos viendo, hacen falta respuesta diferentes y adecuadas. No se puede volver a lo de antes, teniendo en cuenta además que ahora no solo va a hacer falta atender a personas que estaban en los márgenes de la sociedad sino a otras muchas necesidades", advierte Aierbe.
En torno a un centenar de personas continúa en la calle estos días a pesar del confinamiento, bien porque no han encontrado alojamiento, o porque prefieren seguir viviendo en pabellones industriales. El Servicio Municipal de Urgencias Sociales (SMUS), que se encarga del reparto de comida, está viendo aflorar otra serie de necesidades tras una parálisis social que ha calado a todos los niveles. Es el caso de mujeres que ejercen la prostitución, que también han comenzado a llamar a sus puertas.
Algunas estaban de paso por Gipuzkoa cuando les sorprendió el decreto del estado de alarma; otras se han quedado sin ahorros... A todas afecta una creciente necesidad por la falta de ingresos. Otra demanda, una más, que está siendo atendida desde el Departamento de Bienestar Social.
